martes, diciembre 16, 2003

Desenfrenando a las reformas locales


El Diario de Coahuila, 14 de diciembre 2003

Por diversos motivos, los mexicanos somos muy renuentes a lo nuevo, a las reformas. Preferimos la certidumbre de lo conocido, aunque sea malo, frente a los beneficios que lo desconocido nos pueda brindar. No nos gusta arriesgar, no nos gusta ir más allá de las fronteras de lo establecido. En su mayoría somos un país de la desconfianza, de la sospecha, del temor a innovar, a pesar de la enorme creatividad existente. Lo peor de lo anterior es que todas estas malas características manifestadas en el ámbito federal ha permeado a lo estatal y luego a lo municipal.

Y no señalo lo anterior solo por la negación de la pasada reforma fiscal, donde los dos bandos cometieron ciertos errores, desgraciadamente los más ofensivos para cada uno de ellos. Me refiero a un sin número de reformas que bien pudieran hacerse para lograr una mejor armonía entre los ciudadanos, con mayores posibilidades de desarrollo y una mejor calidad de vida.

Las reformas llamadas estructurales (laboral, energética, judicial, fiscal, etcétera) que se refieren preferentemente al ámbito federal, aunque con gran impacto a los otros dos, no son más importantes que las reformas que deben de darse a escala estatal y municipal. Incluso estas últimas pudieran darse con mayor facilidad dado que muchas de las reformas locales no requieren de una modificación a la Constitución federal, arena donde hemos mostrado, al menos hasta el momento, una muy marcada incapacidad e incompetencia para lograr los consensos suficientes.

Las reformas estructurales contraponen muy diversos puntos de vista que son generados e influenciados por condiciones muy diferentes de desarrollo y de entornos socio-culturales. Así pues, tenemos que los habitantes del sureste mexicano (Yucatán, Quintana Roo y Campeche) poseen diferentes prioridades que los habitantes del pacífico sur (Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas), donde la pobreza es mucho mayor. Imaginemos entonces las diferencias existentes con respecto a los Estados del norte, donde incluso también hay ciertas discrepancias, aunque sin duda menos marcadas.

Si a las diferencias geográficas y sociales, agregamos diferencias ideológicas, entonces la situación se complica. Por ello es que los mexicanos estamos forzados y obligados a desarrollar a marchas forzadas las capacidades de debate y consenso suficiente para salir adelante en esta tormenta de diferencias, capacidades que estuvieron dormidas por el control existente durante la época en que duró el presidencialismo puro.

Si nos enfocamos en las reformas que se requieren en el ámbito estatal y municipal, el asunto es menos complejo dado que las diferencias geográficas y socio-culturales se evaporan en buena medida, aunque permanecen las ideológicas-partidistas, campo donde también se requiere una mayor capacidad de debate, análisis, argumentación y posterior convergencia, a pesar de que la pluralidad política se dio con mayor anticipación  (1989) que en la federal (1997).

Tenemos entonces que si eliminamos las restricciones que establece la Constitución federal, un mar de oportunidades se presenta para hacer ajustes innovadores a las reglas básicas (Constituciones estatales y Reglamentos Orgánicos municipales o Bandos de Policía y Gobierno) que definen el entramado de las sociedades estatales y municipales, incluyendo sus gobiernos.

Quizás algunos políticos estatales y municipales pudieran escudarse en el argumento de que para hacer reformas profundas e innovadores en estos ordenes de gobierno se requieren de la materialización de las reformas estructurales de corte federal. Pero no hay que olvidar que aquel que sé auto-impone obstáculos es el menos propenso a arribar a sus metas y objetivos.

Algunas de las recientes reformas realizadas en el país y que permearon a algunos Estados y municipios son por ejemplo lo relativo a los ordenamientos referentes al acceso a la información gubernamental y transparencia. Si nos regresamos en el tiempo tenemos lo concerniente a los derechos humanos (1991), y si todavía regresamos un poco más en el tiempo tenemos lo respectivo a la representación proporcional en los ayuntamientos mexicanos (1977).

El mensaje sobre lo anteriormente mencionado es que esas avances jurídicos pudieron haberse abordado mucho antes en los Congresos estatales y en los Ayuntamientos, que en el Congreso federal. De haber sucedido de esa manera, se hubiera sentado un precedente de auto-gobierno, auto-regulación, auto-construcción de normas y de auto-nomía por parte de los gobiernos estatales y municipales, que a la postre hubiera dado un auténtico significado con verdadero contenido a la palabra  “federalismo”, palabra que hasta en la actualidad todavía esta lejos de convertirse en una realidad.

Es cierto que algunas de las anteriores disposiciones hubieran conducido quizás a una serie de controversias constitucionales, pero sin duda hubiera sentado un precedente histórico, donde el deseo de un Estado o Estados federales por auto-erigirse y auto-diseñarse de acuerdo a sus propias características, hubiera generado con el transcurso de los años una mejor república mexicana.

Hoy en día, existen ciertas diferencias jurídico-normativas entre los Estados del país, pero no son tan marcadas y profundas de tal suerte que nos permita identificar diferentes modelos o sistemas de gobierno, normas electorales estatales y municipales, disposiciones administrativas y operativas, entre otros.

Hago votos por que el ambiente federal no establezca inconscientemente por más tiempo auto-frenos a las reformas estatales y municipales que mucho se requieren. Es necesario que la creatividad jurídica florezca en nuestros diputados locales y regidores, de tal forma que no esperemos a que lo federal nos siga marcando la “línea”. Es necesario que podamos tener una república heterogénea al interior pero sólida, y firme y consolidada hacia el exterior.

Feliz Navidad a todos.