martes, diciembre 21, 2004

Chuy María: ¿Una alternativa para el PAN?

Artículo Localeando, 21 de Diciembre de 2004 
Jaime Villasana Dávila 

Se antoja difícil pensar que un candidato externo obtenga la candidatura a gobernador de Coahuila por el PAN. Los diferentes actores políticos panistas que hoy se encuentran en el arrancadero de dicha candidatura pondrían el grito en el cielo, pero la pregunta que se genera es ¿Los actuales pre-candidatos poseen los suficientes elementos para competirle al PRI dada la debilidad institucional que enfrenta el PAN? La respuesta es no.

Guste o no el PRI posee una fortaleza en Coahuila que no se presenta en ninguno de los demás estados fronterizos. En Coahuila no ha habido alternancia en el gobierno como en Baja California, Chihuahua y Nuevo León, ni tampoco han habido elecciones a gobernador competidas como en Sonora o Tamaulipas. Ya no digamos sobre la alta popularidad de la que gozan el gobernador y el principal pre-candidato.

Si bien los conocidos pre-candidatos panistas tienen nombre, capacidad y trayectoria, habría que ver si son de posicionamiento electoral: al menos las actuales encuestas dicen que no y solo que algo extraordinario suceda, difícilmente podrán generar mayor interés entre el electorado a través de un partido que hasta hoy genera sinsabor.

El PAN en Coahuila, como ya lo he escrito anteriormente, es un partido de coyunturas por una sencilla razón: así ellos lo quieren. Su escasa brújula política para poder desarrollar una fuerza opositora basada en innovadoras propuestas y ahora el manto frágil establecido por una elección que pretendió mermar el divisionismo interno, se suman a esa terca voluntad (generada a estas alturas de manera inconsciente) de no querer unirse.

El PAN en Coahuila tiene la imagen del PRD a nivel nacional: un partido de violencia institucional y ante eso tendrán que luchar los panistas para posicionarlo como una alternativa real.

Relatada entonces de manera breve la situación partidista y dada la cercanía de las elecciones para gobernador, ninguna opción debe descartarse por más descabellada que pudiera parecer, incluso una alianza con el PRD, aunque esta alternativa no contribuiría, pienso yo, con mayores votos. La experiencia misma en el pasado y en otros Estados así lo indican, y en esto abro un paréntesis.

Las alianzas entre partidos son convenientes cuando al menos dos de ellos muestran cierto nivel de fortaleza política en el Estado. Si uno de ellos carece de ese mínimo nivel difícilmente podrán generarse escenarios de triunfo. En Oaxaca Gabino Cué no ganó porque el PAN y Convergencia son demasiado débiles en esa entidad y lo mismo aconteció en otros estados más. Nayarit y Chiapas son casos aislados dados los hechos ocurridos en las postrimerías de las elecciones.

Así entonces, el escenario para el PAN de cara a las elecciones del 2005 y al menos en lo concerniente a la elección de gobernador, se antojaría más que fueran a la misma solos pero ¿Con candidato interno o candidato externo?

Si bien es cierto que aun falta tiempo, también es cierto que en los meses restantes es prácticamente imposible disminuir un déficit de posicionamiento político del tamaño del Estado mismo. Entonces la pregunta nuevamente es ¿Qué hacer o como hacerle?

La visita que hace algunos días realizo Chuy María Ramón a las oficinas del PAN estatal causo asombro en los analistas y desconcierto y enojo en los actores políticos, tanto de su partido como del partido al que visitó. Desde mi punto de vista fue una buena maniobra más no se si la forma en que se llevo a cabo fue la adecuada.

La primera lectura que me deja es un grato sabor de boca por lo siguiente: mostró una actitud de “acercamiento” y de “vamos a platicar”, misma que tanta falta hace ante los constantes pleitos entre los partidos. Por más que trato de recordar algo similar no lo consigo. Han habido movimientos similares en el pasado de manera pública (seguro han ocurrido en lo privado), pero estos eran previamente anunciados, se daban por motivo de momentos de coyuntura o bien en ambientes distintos (familiares, sociales, etcétera).

Siendo ortodoxos, Chuy María cumple con una característica importante dentro del perfil del candidato panista: es empresario, y para ir más allá he de confesar que algunas de sus propuestas, dentro de la campaña de 1999 para obtener la candidatura de su partido, eran muy interesantes.

Su propuesta de desarrollar un plan integral para atraer industria de alta tecnología al Estado era diferente a todas las demás. En pocas palabras deseaba competirle a Jalisco y realizar algo parecido a lo que están haciendo actualmente para el norte de Baja California. Obviamente una buena propuesta no es suficiente para eliminar debilidades o volcarse ciegamente por él, pero si contribuye a elevar el nivel dentro del debate electoral, importantísimo para una sociedad que va en evolución.

Sin embargo Chuy María tiene un elemento que juega en contra de él: su cercana relación (o ex –relación) con Rogelio Montemayor. La animadversión existente hacia el ex –gobernador por parte de los panistas y de los martinistas es muy fuerte y hace que en algún punto se unan, por lo que Chuy María para donde se pretenda mover debe lidiar con ello y si está decidido a ir por la candidatura sin importar el partido, entonces no bastará con solo un pronunciamiento que señale su rompimiento con el grupo que le dio vida como figura pública.

Los panistas coahuilenses deben comprender un hecho: si bien la ideología es importante dado que ubica en un punto determinado dentro del amplio espectro del pensamiento político, ésta no tiene tanto peso como los principios que guían el actuar de las personas.

De hecho en algunas ocasiones la ideología se convierte en obstáculo cuando los principios son similares entre los actores provenientes de diferentes partidos. El ejemplo lo podemos ver con lo que acontece en el ámbito político nacional: reformas que no ven la luz del día debido al férreo sostenimiento a ideologías retrógradas y mezquinas.

El escenario político para el 2005 sigue armándose y comienza a tomar forma. Los dos principales partidos (PRI y PAN) tienen sus respectivos retos pero para el segundo existe una pregunta más ¿Cómo ganar la gubernatura ante un gobierno que ha hecho en lo general un buen trabajo?

sábado, diciembre 04, 2004

2005; ¿Año de reformas municipales?


Localeando, El Diario de Coahuila, 4 de diciembre 2004

Culiacán, Sin.- El pasado 25 de Noviembre la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo de la Cámara de Diputados presentó al pleno una iniciativa para Reformar el artículo 115 constitucional, que regula la vida de los municipios. Con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias (al menos hasta ahora después quien sabe) parece ser que ésta iniciativa traerá cambios importantes, siendo el principal la reelección de los Presidentes Municipales.

El municipio en México es tan diverso como las opiniones que los llamados “municipalistas” suelen expresar en sus conferencias, foros y reuniones, de aquí la dificultad de poder expresar en unos cuantos párrafos constitucionales el modelo municipal más adecuado.

La semana pasada acudí a una reunión en Ciudad de México de municipalistas y donde el propósito era reflexionar sobre las posibles reformas venideras con la iniciativa de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo. He de reconocer que no me quede hasta la etapa de conclusiones pero puedo asegurar que, al igual que en todas las reuniones de este tipo, pretendíamos enmarcar al municipio en un modelo determinado cuando la realidad nos indica otra cosa.

Un ejemplo de lo que señalo es la resistencia a que exista la reelección de los Presidentes Municipales por temor a que se construyan o consoliden feudos de poder político, que por cierto ya existen. Si bien yo soy participe de esta opinión bajo las actuales reglas, no podemos quitar este derecho a los Estados del país. Hacerlo implicaría, como lo ha sido desde tiempo atrás, imponer desde el centro condiciones que atentan contra el federalismo.

En todo caso, los Congresos estatales que legislen sobre la reelección, deberán considerar que es necesario la existencia de otras reformas institucionales para que esto opere de la mejor manera y contribuya al desarrollo de los municipios. El problema es que en los Congresos existe una pasividad operativa y limitación creativa, todo cargado con ingredientes políticos, que hace que tengamos no muy buenos panoramas en el corto plazo.

Si se eliminase la restricción en el 115 Constitucional e inmediatamente un Estado decide adoptarlo sin modificar su marco legal municipal, efectivamente el temor manifestado por muchos se hará una realidad por varias razones, siendo una de ella el actual sistema electoral municipal.

En repetidas ocasiones he escrito en este mismo espacio que la elección por planilla del Presidente Municipal, junto con Regidores y Síndicos, es un modelo que fue elaborado para operar bajo las condiciones políticas y democráticas de los años 70’s y 80’s. Si bien desde entonces han habido reformas municipales desde los Congresos Estatales, éstas se limitan a otros aspectos que poco tienen que ver con el desarrollo democrático y la representatividad social de los Ayuntamientos.

Un caso excepcional es lo acontecido en Chihuahua, donde el Síndico tiene que ganarse la confianza de los electores a través de una campaña electoral independiente a la del resto de los integrantes del Ayuntamiento. Aquí en Sinaloa, donde a partir de enero del 2005 recién se integra la figura del Síndico, perdieron una valiosa oportunidad de seguir los pasos del “Estado Grande” al integrarlo a la planilla. Nuevamente el ciudadano quedo relegado y la culpa no es de un partido en lo particular; es de todos.

Fuera del intento realizado en Baja California en 2001, hasta el momento ni el PRI, ni el PAN o PRD han hecho nada al respecto cuando han tenido la mayoría en Congresos Estatales y la razón es muy simple; si se eliminan las planillas entonces sus sistemas de elección internos sufrirían enormes modificaciones, lo que haría que ya no tuvieran el poder de decidir quien debe estar en los Ayuntamientos.

Pero el reparto de culpas no se limita a los partidos o a los políticos en cuanto al sistema electoral municipal y que, en otras palabras, distribuye las representaciones de una comunidad en el cuerpo de gobierno local. La sociedad tampoco ha generado un movimiento que indique o presione a los tomadores de decisiones para que hagan reformas en este sentido.

Tal parece que el haber realizado las reformas municipales electorales de los 70’s y 80’s y haber alcanzado la alternancia a nivel nacional nos agotó y satisfizo como sociedad. Una prueba más de mi pesimismo es lo acontecido actualmente en Sonora, donde la iniciativa del Gobernador Bours por incorporar las candidaturas ciudadanas e independientes no ha encontrado el suficiente respaldo social para concretarse, lo que deja el camino libre para que los partidos y los políticos hagan lo que les plazca, como aconteció en Baja California en 2001.

El camino que lleva hacia la democracia (y que tiene vertientes nacionales, estatales y municipales) nunca se agota y nosotros ni siquiera hemos recorrido los primeros kilómetros. El conformismo que nos caracteriza como país vuelve a hacerse presente en el ámbito municipal.

Soy un convencido de que la actual redacción del artículo 115 constitucional ofrece generosos espacios para que los municipios puedan desarrollarse en lo administrativo, operativo e institucional, más no así en lo democrático. Para lograr esto hace falta, como ya lo mencione, modificar los sistemas electorales municipales, y donde cada Congreso puede hacerlo.

De hecho nuestro “centralismo inconsciente” sigue siendo muy arraigado en nuestro pensamiento al grado que algunos por ahí, incluso políticos, han expresado en diversos foros a los que he acudido, que el artículo 115 indique a todos que el período de un gobierno municipal pase de 3 a 4 años, cuando esta atribución ya la tienen los propios Congresos estatales. Señalamientos de este tipo no hacen más que indicar que conocemos muy poco de lo que es nuestro municipio y de todo lo que se puede hacer con el marco legal actualmente existente.

Algunos señalan que el 2005 será el año de las reformas municipales en México, y ojalá así sea, pero estas de nada servirán sí los Congresos estatales no se activan como verdaderos mecanismos reformadores y modifican su papel de aletargadores y obstaculizadores de los cambios municipales. Pero tampoco si la sociedad hace lo que le corresponde; marcarles el camino a los partidos y a los políticos.

domingo, octubre 10, 2004

El pacto federal y el 122


Localeando, El Diario de Coahuila, 10 de octubre 2004

Caminando por las calles de Ottawa allá por el año 2000, vi a un joven canadiense portar una camiseta con el mapa de Canadá en la cual se podía apreciar que sus provincias permanecían apenas unidas por hilos, lo que hacia constar desde esa perspectiva, la débil unión en aquel país.

En aquel entonces Canadá venía recuperándose de los intentos de Québec por independizarse, hecho que estuvo a punto de consumarse a mediados de la década de los 90’s. A más de 7 años de ese acontecimiento, el fantasma independentista continua rondando entre las mentes más conservadoras no solo de los “quebequenses”, sino también de los habitantes de Alberta, Saskatchewan y Manitoba.

Lo que vi en Ottawa me vino a la cabeza debido a lo que acontece en nuestro país por lo del artículo 122 constitucional, donde si bien no hay enfrentamiento directo entre entidades si lo hay vía el Congreso. Celebro que así sea, porque de lo contrario otros serian los resultados.

Un pacto de unión integral entre Estados soberanos no se resume a un pacto del orden meramente político; incluye pactos fiscales, pactos militares, pactos económicos, pactos subsidiarios, pactos legales y pactos sociales. La Unión Europea por ejemplo va camino a un pacto integral que partió de un pacto económico (La Comunidad del Acero y del Carbón). La República Mexicana, es un pacto integral y actualmente una de sus partes esta en crisis: el pacto fiscal.

A lo largo de su historia, México ha enfrentado retos para constituirse como país (unión integral). Su vida como nación inicia con un Chiapas que no era parte de la República. Posteriormente, y por el motivo que quieran, en 1836 Texas se separa y ello incita en parte a que en 1840 Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila crearan la efímera República del Río Grande, haciendo nuevos intentos pocos años después. La Unión Integral se tambaleaba.

Lo sucedido en 1846-47 si bien fue un arrebato de territorio por parte de Estados Unidos, muy probablemente esos “Estados” hubieran seguido los pasos de Texas dadas las débiles instituciones que como país teníamos en aquellos años. La unión de provincias a que los españoles habían obligado siglos atrás bajo el nombre de la “Nueva España” siguió milagrosamente unida después de esa grave perdida territorial.

Ya en el presente y motivado en ocasiones por factores ajenos a un deseo genuino por ser independientes, Yucatán dio muestras de intenciones separatistas en varias ocasiones (la última en 2001), lo que conlleva que ante ciertas coyunturas estos deseos puedan concretarse.

Posturas nuevas de separación o independentistas de carácter total no se avizoran por el momento en alguno de las entidades. Pero si hay visos de deseos de independencia fiscal en algunos de ellos. El último en decirlo con todas sus letras fue el mismo AMLO hace unos días.

En el resto de los Estados la independencia fiscal no ha sido mencionado de una manera clara, pero se dejan deslizar declaraciones que apuntan hacia ello, principalmente en algunos estados del norte.

Con tanto alboroto hoy levantado por la reforma al artículo 122 constitucional, cabe reconocer que las declaraciones de la mayoría de los Gobernadores han sido hasta el momento mesuradas (incluyendo a AMLO), señalando meramente que se trata de un asunto de equidad fiscal federalista.

Pero mi preocupación no parte de los políticos sino de la vox populli; el siempre presente reproche de los provincianos para con el D.F. y viceversa encuentra tierra fértil en este tipo de coyunturas para seguir agrandándose, y solo basta que un político en campaña electoral enarbole esta bandera para comenzar a ver las primeras consecuencias ¿Qué porcentaje de Chihuahuenses, Coahuilenses, Neoleoneses, Yucatecos, entre otros, estarían dispuestos a votar o impulsar una causa así? La mecha puede encenderse.

Al parecer no hay una causa de enormes proporciones que motive a una separación de un o algunos Estados; hablamos el mismo idioma, la historia es similar, compartimos los mismo valores, sufrimos en lo general las mismas carencias, las familias están dispersas entre varios estados (incluyendo el D.F.), entre otros, pero no por su inexistencia significa que no se puede generar alguna y vuelvo al caso de Yucatán: el conflicto electoral del 2001 dio motivo a manifestaciones (manejadas) de índole separatistas.

La reforma al artículo 122 esta siendo impulsado de manera “cruel” por algunos actores políticos pero también esta siendo mal atendida por el otro bando (AMLO rechazó la oferta de diálogo del PAN). Si bien es cierto que esa propuesta lleva años en el Congreso y que es justa, el quitar de golpe y porrazo entre 4 mil y 9 mil millones al presupuesto del D.F. es un golpe terrible para cualquier administración.

Imaginen que a estas alturas a Coahuila le quitaran el 10% de su presupuesto para el año entrante. El enojo sería mayúsculo pero muy probablemente el Estado pudiera sortear el recorte dada su buena salud financiera, pero no así el Distrito Federal. Seguro se está preguntando ¿Y los coahuilenses porque deben pagar por lo que acontece en la capital? La respuesta es sencilla: la interdependencia de los estados para con el D.F. y viceversa es extremadamente profunda.

Las finanzas del D.F. son débiles en lo general. Si bien su presupuesto es de alrededor de 80 mil millones para una población de apenas 8.6 millones de habitantes, su entorno financiero, fiscal, administrativo e inclusive social y político es realmente complejo. De entrada acumula una deuda de 40 mil millones, incrementada mayormente desde que el PRD asumió el gobierno en 1997.

Para comparar el tamaño del presupuesto capitalino pongamos de ejemplo a Monterrey y Guadalajara. La primera tiene una población de 1.1 millones y su presupuesto es de 2 mil 400 millones o $2,185 pesos por habitante. La segunda tiene una población de 1.6 millones y su presupuesto es de 3 mil 057 millones o $1,856 pesos por habitante. En el D.F. el presupuesto es de $9,302 pesos por habitante. ¿Es desproporcional? Si, pero la culpa no es de los defeños. Es de las reglas existentes.

Dada estas realidades urge una reforma fiscal profunda para que la rebatinga de recursos no sea el pretexto que conlleve a intenciones separatistas de alguno de los estados.

domingo, octubre 03, 2004

La nueva participación ciudadana II


La semana pasada mencioné sobre como la nueva participación ciudadana, desde mi punto de vista, tiende a especializarse en rubros antes no explorados y a organizarse de una mejor manera de tal suerte que llega ya con propuestas ante el gobierno (federal, estatal o municipal).

Terminé señalando que en Sinaloa, a pesar de sus graves problemas de inseguridad, comienza a desarrollar una activa participación ciudadana enfocada en los asuntos colectivos o públicos. Este es un tema importantísimo y fundamental porque en la medida que lo público (donde entra el gobierno) funciona de una forma más eficiente, las necesidades y carencias tienden a disminuir. De esta manera muchos asuntos que hoy son atendidos por organismos civiles de filantropía quedarían atendidos por el Estado.

Lo anterior se confirma porque los organismos no gubernamentales se enfocan mayormente en cubrir huecos y vacíos dejados por el gobierno al no poder o no querer llegar a cubrirlos. En este sentido Diego Valadés  señala en su libro “Constitución y Democracia” (UNAM, 2002) que de alguna manera el surgimiento y proliferación de estos organismos corresponde a una etapa en que los titulares de los órganos del Estado presentaron un doble déficit: de legitimidad y de efectividad.

La semana pasada también hice la siguiente pregunta: ¿Se puede lograr una mancuerna gobierno-sociedad, en aras de atender los retos colectivos, bajo una nueva relación y bajo nuevas reglas donde ambos actores se conducen a la par y no de manera supeditada? Mi respuesta fue un sí y la muestra es Sinaloa.

En aquel Estado el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa (CODESIN www.codesin.org.mx), que comienza a jugar un rol importante, es un caso a analizar. Hoy también es generador de otros movimientos netamente civiles como el Movimiento Ciudadano por una Mejor Administración Municipal (MOCIAM).

Pero iniciemos por el CODESIN. Este espacio plural surge en momentos de coyuntura: la crisis de 1995. La creación de este consejo fue una respuesta de la comunidad empresarial y del gobierno estatal para promover al Estado como un lugar apto para realizar inversiones y generar empleos.

En aquel tiempo y después de diferentes esfuerzos, la comunidad empresarial se convenció de que era necesario trabajar de la mano con el gobierno  y éste, del mismo modo, asimiló que requería de sinergias para ofrecer a la sociedad alternativas de solución a los diversos problemas.

Después de un intenso trabajo y cabildeo para conformar la estructura adecuada, en noviembre de 1996 se publica la Ley que le da vida institucional al CODESIN Estatal, así como a los cuatro consejos regionales, mismos que tendrían entre  sus funciones el dar apoyo a los consejos de desarrollo económico de cada uno de los municipios sinaloenses.

Hoy en día el CODESIN Estatal está conformado por un cuerpo directivo de 12 integrantes (4 del gobierno estatal y 8 provenientes de la iniciativa privada). Además existen cuatro consejos regionales que están conformados con una mayoría de representantes de la sociedad civil. Todos mantienen un paso sólido no solamente para perseguir sus objetivos originales, sino que sus actividades involucran temas relacionados desde la competitividad hasta el fortalecimiento de los gobiernos locales como protagonistas del desarrollo económico.

Este mecanismo de participación (CODESIN) contribuye también a la generación de una red organizada donde participan los órdenes de gobierno estatal y municipal junto con los representantes de la sociedad civil. Esta estructura permite armonizar en un mismo espacio las diferentes visiones de los actores participantes, siendo la constante la sociedad civil.

La credibilidad y el reconocimiento que ha logrado el CODESIN ha atraído la atención de otros sectores que tradicionalmente no participan en él debido a sus disposiciones jurídicas. Sin embargo hoy el CODESIN no solo funge como un jugador activo en el proceso de desarrollo de Sinaloa, sino que invita a involucrarse en el desarrollo y mejoramiento de los gobiernos municipales.

Como parte de sus esfuerzos y de esa capacidad de convocatoria, días atrás en la ciudad de Guasave, Sinaloa, me toco presenciar la conformación del Movimiento Ciudadano por una Mejor Administración Municipal (MOCIAM). Inspirados en la experiencia de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP) de Ciudad Juárez y bajo la orientación de CODESIN Zona Norte, este grupo decidió poner  manos a la obra para proponer a los candidatos a presidente municipal de ese municipio, que aquel elegido por el voto popular nombre a funcionarios que cumplan con un perfil determinado. En otras palabras; se busca la profesionalización en los mandos superiores de la administración municipal.

Hace once días el MOCIAM celebró su reunión con los candidatos para explicarles sus propuestas y aunque los resultados están por verse no cabe duda que este ejercicio marcó un nuevo punto de partida. Pero lo que más me llamo la atención es que dentro del MOCIAM hay uno de los principales transportistas urbanos de la ciudad. ¿Imagina Usted a un líder transportista de Saltillo participando en este tipo de iniciativas ciudadanas? Sinceramente yo no.

Quizás el caso coahuilense que pudiera ser semejante  al CODESIN es el Consejo Estatal de Impuestos sobre Nómina, donde gobierno y algunos sectores toman decisiones consensuadas. Si bien ha dado buenos resultados, su campo de acción esta muy limitado: la aplicación democrática de recursos públicos en obra de infraestructura estratégica.

Coahuila se jacta de tener más de 400 organizaciones civiles, hecho que es benéfico, pero desafortunadamente pocas se orientan hacia la procuración y promoción de iniciativas que conlleven a tener mejores gobiernos municipales y estatal. ¿Es necesario en Saltillo y en Coahuila mecanismos como el CODESIN, MOCIAM y el CIMAP?

La nueva participación ciudadana implica el surgimiento de grupos plurales de ciudadanos que deciden participar en nichos que no han venido siendo abordados por las autoridades ni tampoco por los organismos civiles tradicionales. Con la evolución de nuestra sociedad, vamos descubriendo nuevas áreas de oportunidad que necesariamente requieren ser atendidas.

domingo, septiembre 26, 2004

La nueva participación ciudadana


Localeando, El Diario de Coahuila, 26 de septiembre 2004

“Nunca dudes que un grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo...en realidad, es lo único que lo ha logrado” Margaret Mead

Se ha hecho costumbre el que la sociedad incrementa su participación en los asuntos públicos cuando es quizás ya demasiado tarde para poder reducir deterioros. El problema es que cuando los momentos de tensión arriban, la sociedad disminuye enormemente su habilidad de comprensión y tolerancia, reclamando resultados inmediatos que no precisamente son los mejores para enfrentar el problema correspondiente.

Ante estos hechos que se dan en momentos de coyuntura, el gobierno tiende a aumentar su capacidad de interlocución, pero ésta es reactiva y no pro-activa, lo que genera soluciones de corto plazo. La frase intra-gubernamental de “la sociedad quiere resultados ya y hay que dárselos” puede convertirse en condena más que en salvación.

Algunos señalan que el seguimiento a los problemas colectivos en México es un defecto basado en el inadecuado diseño institucional de las instancias gubernamentales (no reelección inmediata, marco jurídico débil, períodos cortos de gobierno, ausencia de servicio civil) y que por lo tanto no pueden ser del todo atendidos y posteriormente eliminados en un lapso breve de tiempo.

Hoy las cosas han cambiado. Las salidas a los problemas generados por momentos difíciles si bien requieren una buena dosis de política, también es cierto que requieren de una buena dosis de administración, orden y comunicación no solo del gobierno, sino también por parte de la sociedad. Aquí está el punto de quiebre.

Por una parte el reforzamiento de la institucionalidad es la principal acción que debe emprenderse por parte de las autoridades para que los acuerdos alcanzados puedan generar satisfactores y soluciones. Por la otra, la sociedad ya no puede plantarse frente al gobierno para únicamente exigir “resultados” (aunque eso sería lo ideal).

Como en todo la evolución también ha llegado a la participación ciudadana. El seguimiento y la continuidad a los problemas no solo corresponde a las autoridades (que muchas de ellas van de paso) llevarlos a cabo. La sociedad tiene una fundamental tarea para arribar a la solución del problema correspondiente debido a la incapacidad del gobierno. Pero insisto, se llegará siempre y cuando esté bien organizada y con objetivos claros.

Para ilustrar lo anterior podemos citar múltiples ejemplos de una participación exitosa que ha atendido momentos apremiantes y específicos, ya sea de la historia nacional o local. Un buen caso lo representó Alianza Cívica a principios de los noventas; atendió y atiende el aspecto electoral, que en aquellos momentos significaba un clamor común entre la sociedad mexicana (todos queríamos elecciones confiables).

Otro ejemplo de carácter nacional lo representan los diversos “centros” que atienden los derechos humanos (Miguel Agustín Pro, por ejemplo). En el ámbito local, y más recientemente, tenemos a la agrupación civil Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), misma que atiende un problema específico que es una constante en todos los municipios del país: el perfil y la profesionalización de quienes administran los recursos de la ciudad.

Ciudad Juárez vivió uno de sus momentos de coyuntura (hoy en día tiene uno muy grave: los asesinatos de mujeres) hace dos años cuando la ciudad en pocos meses enfrentó tres procesos electorales locales, generando con ello desajustes entre las funciones y operaciones del gobierno local ¿La causa? El cambio constante del personal ejecutivo y directivo y el lejano perfil de estos para con sus funciones.

Ante esta realidad, un grupo de ciudadanos, a través de la participación directa, decidió poner manos a la obra para diseñar un mecanismo de solución (selección por perfiles de los principales cargos administrativos dentro del gobierno municipal) que ayudara a solucionar un problema en específico.

El mensaje aquí es que el grupo civil no se plantó ante su gobierno para exigirle un “ya basta” al problema sino que frente a él le dijo como se debería solucionar el mismo, por lo que el gobierno no pudo hacerse a ningún lado.

El CIMAP tuvo sus resultados para aquellos momentos difíciles, pero lo mejor es que sigue vivo y en las pasadas elecciones se pudo comprobar. A partir de ahora, el gobierno local sabe que en este sentido hay una participación ciudadana viva y organizada que esta atenta al tema de los nombramientos y a las remociones de los funcionarios públicos de primer nivel. Es decir, ya no tiene un cheque en blanco.

Si en Ciudad Juárez, ante el momento de coyuntura que vivieron con motivo de las múltiples elecciones, hubieran afrontado el problema del bajo perfil  de los directores del gobierno municipal con marchas y plantones o bien simplemente dejando de pagar impuestos, el problema simplemente hubiera permanecido igual.

En resumen: estas organizaciones civiles (Alianza Cívica, Centros de Derechos Humanos, CIMAP) han tenido grandes logros en sus ámbitos de acción ¿La razón? La focalización de sus esfuerzos, su organización y la forma de plantear la solución a los problemas.

Bajo el entendido de que el gobierno no lo puede hacer todo, la participación ciudadana es fundamental en cualquier país para alcanzar las metas colectivas. Pero debemos comprender que tanto más organizada, específica e institucionalizada sea esa participación, mayor será la contribución que le hagamos a las generaciones futuras.

Los movimientos de participación se siguen dando en las regiones del país y algunas de ellas involucran una mancuerna gobierno-sociedad. ¿Se puede lograr lo anterior bajo una nueva relación y bajo nuevas reglas donde ambos actores se conducen a la par y no de manera supeditada? Por supuesto que sí y Sinaloa es un claro ejemplo de ello.

En aquel Estado el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa (CODESIN www.codesin.org.mx) y quién comienza a jugar un rol importante, es un ejemplo de lo anterior. Hoy incluso es generador de otros movimientos netamente civiles como lo es el Movimiento Ciudadano por una Mejor Administración Municipal (MOCIAM), pero de ello hablaremos la próxima semana.

domingo, septiembre 05, 2004

El 4º. Informe


Localeando, El Diario de Coahuila, 5 de septiembre 2004

Los informes de gobierno (sean del Presidente de la República, Gobernador o Alcalde) son ceremonias que por su historia, naturaleza y significado suelen causar indiferencia y valemadrismo a la mayoría de los ciudadanos. La fama no solo de los Ejecutivos, sino de los políticos en general, hace que el principal mensaje político del año no sea valorado precisamente porque dudamos del valor del contenido del mensaje.

Sin embargo, lo que rodea a esta ceremonia es un excelente indicador de lo que acontece en el ambiente político, sus actores y, de alguna manera, en la sociedad. A la primera interpretamos que si alrededor del informe hay cierto ajetreo político es porque la relación del Ejecutivo con los demás protagonistas no es del todo bueno.

De igual manera tendemos a concluir que si hay, el día del informe, marchas y bloqueos se debe a un desentendimiento del Ejecutivo con ciertos sectores sociales. Como sea, la ceremonia de cualquier informe de gobierno es un termómetro tanto del ambiente socio-político prevaleciente en ese momento como del estado que guarda el desempeño del gobierno.

El pasado informe del Presidente Fox fue por mucho diferente al de los años anteriores. El contenido, el expositor (Fox), actores políticos (principalmente Senadores y Diputados) y el ambiente externo, todos, dejaron mensajes que ahora trato de descifrar.

El contenido de un informe básicamente se compone de tres partes: mensaje inicial, informe, mensaje final. La primera parte del mensaje foxista tuvo, desde mi punto de vista, un sentido responsable; haciendo un llamado a la clase política para consolidar la democracia que tanto esfuerzo a costado. El informe en sí estuvo como siempre cargado de cifras, que ante el ambiente actual del país cuesta creerlas.

Me hubiera gustado más que el mensaje inicial se prolongara pero haciendo mayor énfasis en las aspectos sociales, es decir tratando de interpretar el sentimiento de la sociedad ante una clase política que presenta un gran déficit frente a sus gobernados.

Dentro del informe hizo, como siempre, un reconocimiento a varios actores, principalmente al ejercito, pero olvido hacer otro igual a todos aquellos buenos hombres y buenas mujeres que día con día se esfuerzan por darnos seguridad en la vía pública: los policías. Ante la marcha del 27 de junio pasado, si alguien esta escaso de suficientes estímulos es precisamente la policía. Desde mi punto de vista esta fue una grave omisión.

El mensaje final fue mejor que el inicial y lo fue mucho más que los mensajes de sus informes anteriores. El énfasis de “cada actor debe ser responsable de sus actos” me pareció directo y al grano, aunque desafortunadamente muchos políticos tiene oídos sordos o padecen de amnesia.

Por su parte el expositor (Fox) a momentos arañaba el personaje político que tanto requiere este país: Estadista y conciliador, pero su peor enemigo fue el contenido mismo del informe. Por lo pronto creo que en los dos años que restan difícilmente veremos el presidente que necesitamos.

La dinámica de la lectura fue demasiado rápida, parecía que Fox traía prisa por terminar su informe y en no pocas ocasiones re-iniciaba su lectura aun cuando el ex –gobernador de Sonora no terminaba de expresar sus frases. Fox se contuvo forzosamente ante los embates de los diputados perredistas y en un par de ocasiones dibujo una tenue sonrisa en su rostro; se notaba que quería responder a su manera, pero eso hubiera crispado el frágil equilibrio de comportamiento.

Sin duda alguna a Fox le conviene que el formato del informe se modifique para que pueda responder (ya no digamos debatir), pero su partido padece la enfermedad de quienes ostentan el poder. Fox es un tipo que si algo le gusta es hablar y no es precisamente el formato actual su mejor aliado para responder, frente a todos los mexicanos, los embates de sus contrincantes políticos. Ojalá pronto podamos ser testigos de un cambio que es urgente.

Los actores políticos presentes en el informe jugaron su papel, pero algunos de ellos nos siguen recordando la precaria calidad de personas que se encargan de ¡hacer las leyes!. Los diputados perredistas que interpelaron al Presidente se ganaron la animadversión hasta de sus propios compañeros de partido. No denigro los motivos que tenían para reclamarle a Fox, pero no era el momento de hacerlo.

En este sentido vislumbro un cambio de actitud de los políticos para con el informe presidencial. Hoy los últimos comentarios de muchos de ellos iban en el sentido de que “interpelar al Presidente ya no es lo correcto y el hacerlo denota una escasa educación política”, por lo que quizás en el futuro, y si es que no cambia el formato, los informes serán más aburridos que de costumbre.

El espectáculo de alguna manera estaba alimentado por esas cuestionables actitudes, pero ahora ¿Cómo vamos a sustituir eso? Lo ideal sería que con acalorados debates entre el Presidente y la bancada de su partido versus el resto de los partidos, tal y como sucede en muchas democracias.

El discurso del presidente del Congreso fue acertado y algunos de sus argumentos se sumaba a los vertidos por Fox: nadie por encima de la ley ¿Escuchaste Andrés Manuel?. Por lo demás, Manlio profundizaba en el sentido de que la clase política tiene un déficit que remontar ante la sociedad y que por el bien de todos, más vale enfrentarlo.

Mientras todo esto acontecía en el interior del Congreso, afuera reinaba el caos y el enfrentamiento entre sindicatos y grupos campesinos contra las fuerzas del orden. El motivo de todo ello: principalmente la inconformidad ante las reformas al IMSS.

Los momentos de definición para los partidos están a la vuelta de la esquina. Del PRD y del PAN sabemos sus posturas, pero no aun la del PRI; partido que dada su fuerza política y el numero de diputados y senadores tiene la última palabra. Es curioso notar que recientemente este partido ha mostrado una actitud ecuánime, y mediadora, pero por el otro espanta que algunos de sus cuadros más oscuros se reposicionan dentro de él.

Esta en construcción ya el 5º. Informe del gobierno del Presidente Fox. El siguiente año será intenso y esperemos que los protagonistas políticos estén a la altura de la circunstancias, al final de todo, la democracia nos deja siempre en sus manos.

sábado, agosto 28, 2004

CIMTRA: midiendo transparencia en municipios


Localeando, El Diario de Coahuila, 28 de agosto 2004

El programa CIMTRA (Ciudadanos por Municipios Transparentes) cumplió dos años de actividad y para celebrarlo, el pasado mes de mayo llevo a cabo en la Ciudad de México el Segundo Foro CIMTRA, denominado “Las ciudadanías locales ante el acceso a la información y la transparencia gubernamental”.

El Foro tuvo como objetivo reflexionar en torno a los alcances y limitaciones que en materia de transparencia  y acceso a la información se presentan en la esfera local y estatal, a través de experiencias nacidas de iniciativas ciudadanas en la materia; una de ellas surgida en Veracruz en torno a una propuesta de Ley estatal de transparencia, y la otra, presentada en Jalisco sobre los esfuerzos que diversos organismos académicos y civiles están llevando para consolidar la cultura de la transparencia en el estado.

Cabe recordar que el programa CIMTRA consiste en evaluar la transparencia de un municipio a través de 31 preguntas básicas. Estas preguntas van desde si se publica o no la lista de los proveedores del municipio con sus montos de venta, hasta la forma de integración de los Consejos Ciudadanos Municipales. Una de las bondades de este programa es que contribuye a “extraer” y poner a la luz pública información para que otras organizaciones o especialistas la analicen y en consecuencia emitan opiniones de mayor profundidad.

Ha dos años de este esfuerzo, el CIMTRA ha sido aplicado en 24 municipios de 7 entidades (Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Zacatecas, Morelos, Jalisco, Estado de México) y en dos delegaciones del DF. De los 24 municipios, 9 han sido evaluados por segunda ocasión lo que ha arrojado estimulantes resultados; todos muestran avances con respecto a su primera evaluación, lo que significa que las autoridades han comprendido que la transparencia y rendición de cuentas es un elemento importante que hay que abordar.

Los tres municipios con mejores calificaciones en materia de transparencia son: San Pedro Garza García con una calificación de 89.98 (sobre una escala de 100), San Nicolás de los Garza con 86.98 y Chihuahua con 84.73 puntos. Monterrey obtuvo 66.48 puntos.

Los gobiernos locales hasta ahora evaluados dirigen comunidades consideradas urbanas y con poblaciones que van desde el millón de habitantes hasta los casos de municipios que tienen incluso menos de 5,000 habitantes. Hay cinco capitales de estado evaluadas: Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Xalapa y Cuernavaca.

El programa busca que los elementos contenidos en el cuestionario sean asumidos por las autoridades y funcionarios locales participantes, en este sentido, uno de los objetivos del CIMTRA es que la gente sea informada constantemente sobre el ejercicio de sus recursos y sobre las decisiones tomadas por sus gobernantes para que actúe en consecuencia.

Ahora bien, quienes aplican el CIMTRA no solo emiten públicamente una calificación sobre el nivel de transparencia, sino que en aras de coadyuvar con el gobierno a mejorar su índice, se le entrega un reporte que contiene una serie de sugerencias y propuestas sobre sus puntos débiles pero resaltando también sus aspectos más positivos.

Algunos de los datos puntuales generados son que el promedio general obtenido hasta el momento (incluyendo la 2ª. Vuelta) es de 44.91 puntos sobre 100, lo que revela la magnitud del reto que enfrentamos como sociedad y gobierno.  Ahora bien, desagregando los resultados de acuerdo a algunas de las preguntas que se realizan, tenemos que de la 1ª. vuelta se obtuvo lo siguiente:

a) El 80% de los gobiernos municipales evaluados no informan sobre el nombre de sus proveedores, b) El 72% no informa sobre sus gastos en comunicación, c) En el 60% no se llevan a cabo convocatorias públicas para conformar los consejos, d) El 64% si informa sobre sus ingresos propios, e) El 72% si informa sobre sus aportaciones federales y estatales, f) El 52% informa sobre los salarios de los integrantes del ayuntamiento y funcionarios de primer nivel pero solo el 20% informa sobre sus prestaciones. ¿En que porcentaje estarán ubicados los municipios en Coahuila?

Una lección también aprendida es que no es suficiente con la existencia de leyes y de instituciones de transparencia para que el ciudadano ejerza su derecho de acceso a la información y de rendición de cuentas de su gobierno municipal. En todo caso las leyes son un instrumento, no son el fin en sí mismo.

La transparencia y el acceso a la información es un proceso donde la participación de la ciudadanía es fundamental para construir gobiernos locales de cara a la sociedad y donde los mecanismos de transparencia deben quedar institucionalizados como acciones permanentes de gobierno. No basta la buena voluntad de las autoridades y funcionarios.

Los esfuerzos ciudadanos en el programa continúan su marcha y se ha logrado ampliar la cobertura en los últimos meses. Más municipios de Jalisco (aproximadamente 15) están siendo evaluados tanto en 1ª. como en 2ª. Vuelta. Por su parte el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua lo esta siendo en 2ª. vuelta. En Baja California se ha hecho el esfuerzo de aplicación y los resultados serán dados a conocer en septiembre.

Para el caso de Jalisco, resalta el hecho de que los organismos civiles participantes han logrado formalizar la agrupación CIMTRA-Jalisco, lo que sin duda les ayudará a consolidar sus esfuerzos y a impulsar el tema de la transparencia y rendición de cuentas en el Estado. En esta agrupación participan Poder Ciudadano, ITESO, Consejo Técnico de ONG’s A.C., Comisión Diocesana de Pastoral Social y COPARMEX.

El CIMTRA, como todo programa, tiene sus reglas y tres de estas son: el programa debe ser aplicado por un organismo civil no partidista, los interesados deben tomar un curso de capacitación previo y los resultados deben ser difundidos y hechos públicos.

En Coahuila, con la nueva Ley de información seguramente hay avances, pero hasta ahora no se ha medido su impacto. El CIMTRA es una herramienta que puede ayudarnos a hacerlo, así que mi pregunta final es ¿Habrá en Coahuila, y dentro de sus mas de 400 organismos civiles, alguna interesada en aplicar esta herramienta?

Para mayor información del programa CIMTRA consultar en Internet: http://cimtramx.tripod.com/transparencia/

domingo, agosto 01, 2004

De frágiles equilibrios


Localeando, El Diario de Coahuila, 1 de agosto 2004

Can Cun, Q.R.- Durante mi viaje a ésta ciudad para asistir al Congreso Nacional de Cabildos comprobé una vez más que México sigue siendo un país de un frágil equilibrio en muchos de sus frentes; políticos, sociales, administrativos, operativos y hasta familiares.

Pero iniciare mi narrativa desde la salida misma de la Ciudad de México. El frágil equilibrio operativo de su Aeropuerto esta a flor de piel. Cualquier hecho o circunstancia que salga de ritmo puede ocasionar un caos de tremendas proporciones y ahora relato el porqué.

Durante las dos primeras horas del miércoles se asentó en pistas un banco de niebla. La gran cantidad de vuelos demorados (tanto de salida como de aterrizaje) desquició las operaciones por el resto del día. ¿La razón? El aeropuerto no tiene la capacidad suficiente de respuesta para hacerle frente a hechos naturales, mientras que en otros aeropuertos importantes del mundo son solucionados de manera más ágil.

Las dos pistas existentes son insuficientes y dada la no-realización del nuevo aeropuerto en Texcoco, el frágil equilibrio permanecerá mientras tenga vida el actual, a pesar de las ampliaciones que se le realizan actualmente y de la redistribución de vuelos hacia aeropuertos alternos. Solamente me gustaría saber un dato de todo lo acontecido el miércoles por la mañana: ¿Cuánto dinero, tiempo y competitividad perdió el país por éste hecho?

Pero hablando de equilibrios políticos las cosas no pintan mejor que en el aeropuerto. Bastaron solo dos hechos lamentables para que todo el país se hiciera presa de un fantasma que ya debería estar superado: violencia por motivos políticos. Si bien los países democráticos siguen mostrando hechos de violencia, estos difícilmente se relacionan directamente con hechos conflictivos entre partidos o actores políticos.

Los actos violentos en Huautla, Oaxaca y en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, nos siguen demostrando que los actores políticos son todavía incapaces de encauzar las pasiones de sus simpatizantes dentro de los marcos institucionales.

En el primer caso tanto los simpatizantes del PRD como del PRI actuaron de manera primitiva, pero lo peor es la indiferencia de los mismos partidos por evitar y condenar dichos actos. Ambos se defienden únicamente señalando que la contraparte fue la motivante de las actitudes por todos conocidos. Las imágenes sobre la muerte a palos de una persona no provinieron esta semana de África o Asia sino de Oaxaca, México.

En este sentido, los partidos políticos todavía muestran áreas de oportunidad enormes. Si México es un país de importantes fragilidades políticas en su andamiaje, Oaxaca es una lucha constante no para mantener ese frágil equilibrio sino para evitar su construcción basada en las instituciones.

Muchos pudieran justificar que Oaxaca es aún tierra fértil donde pueden seguir dándose estos acontecimientos, más cuando hay momentos electorales, pero no debemos olvidar que los responsables por evitar e inhibir estos hechos son dos entes constantes en otros Estados: los partidos y la justicia.

Ciertos partidos consideran que en algunas zonas del país la violencia sigue siendo la mejor medida de presión para conseguir sus propósitos y, ante la indiferencia de las dirigencias nacionales, la siguen promoviendo. Esta apuesta no hace sino lastimar el débil equilibrio existente.

Por su parte, los impartidores de justicia oaxaqueños (léase el Procurador Estatal) contribuyen no solo a la impunidad sino a hacer más débil el equilibrio político en esas tierras. ¿Cómo es posible que las personas que mataron a palos a un prójimo ante los ojos de miles de mexicanos sigan aún en libertad? ¿Pensara acaso el Procurador y el Gobernador que al no detener a los asesinos contribuye a no alterar más los ánimos?

Lo sucedido nos demuestra que algunos gobernantes siguen sin descifrar, y menos entender, lo que la sociedad exige: una sociedad donde los equilibrios sean sólidos y difícilmente vulnerables.

Pero los indicios de fragilidad que se presentaron la semana pasada no terminaron en Oaxaca; Quintana Roo y específicamente su municipio más importante, económicamente hablando, se vieron inmersos en arenas políticas movedizas. Y digo esto último porque en momentos de gran tensión lo mejor es no moverse, o moverse lentamente, para no provocar un mayor hundimiento. Lo realizado por el ex –alcalde lo hundió aun más.

Benito Juárez (Can Cun) presenta hechos muy contrastantes y la mejor muestra de ello es un alto desarrollo económico con un débil desarrollo político. Pues bien, esta realidad representa un tremendo desequilibrio que limita el desarrollo integral de una sociedad. Al no haber un equilibrio entre los componentes, tarde o temprano uno de ellos se derrumbara, afectando el funcionamiento del resto.

Hoy lo económico-turístico esta siendo afectado por lo político a pesar de una gran fortaleza del primero y además de unas exigencias del gobierno federal al gobierno estadounidense por no verlo así, de tal suerte que eliminara su recomendación de alerta a sus ciudadanos que visitasen dicho punto turístico pero ¿Cómo no ver algo que tenemos frente a las narices?

Como suele ocurrir en estos casos, pasara algún tiempo antes de que el ambiente político vuelva a normalizarse en ese maravilloso Estado, sin embargo en esta ocasión se requerirá de más tiempo dada la ya próxima celebración de elecciones estatales-municipales y las condiciones actuales no son precisamente las mejores. La respuesta la tienen definitivamente los habitantes de aquella entidad.

Construir gobiernos e instituciones que apuntalen el equilibrio en las sociedades obviamente no es una tarea fácil y menos de corto plazo. A los países con equilibrios consolidados les ha tomado años lograrlo. México comienza a construir algunos de ellos (económico, financiero, entre otros) y comienza también a dar indicios de querer avanzar hacia horizontes con certidumbre. La reciente aprobación a las reformas a la ley de seguro social es un claro ejemplo de ello.

Pero aun quedan elementos básicos que requieren de trabajo extra para recuperar terreno frente a otros ámbitos: el municipio, la justicia estatal y la cultura política-electoral.

sábado, junio 19, 2004

El bono, preguntas y actitudes


Localeando, El Diario de Coahuila, 19 de junio 2004

Mientras que la tendencia en los municipios mexicanos es a eliminar las altas prerrogativas y prestaciones que tienen las autoridades y funcionarios, y que contribuyen a disminuir la confianza ciudadana en los gobernantes, en Saltillo las cosas van en sentido contrario.

Durante 2001 y 2002 hubo en el país una serie de escándalos locales, más en municipios panistas, precisamente porque los integrantes de los ayuntamientos se propinaban unos sueldos realmente ofensivos, aprovechándose de que en esta materia  el Ayuntamiento es autónomo. El argumento: Ejercer el gobierno es difícil y complicado. La primera pregunta es ¿Para que se postulan?

En Jalisco y el Estado de México los acontecimientos alcanzaron enormes proporciones. En diciembre del 2001 el Congreso jalisciense aprobó la creación del Comité Técnico de Valoración Salarial del Estado de Jalisco y sus Municipios (CTVS), con el fin de realizar un diagnóstico sobre la situación salarial de los gobernantes y elaborar una serie de recomendaciones para ser tomadas en cuenta por los representantes de los tres poderes públicos en la entidad.

A pesar de estos esfuerzos en Jalisco el daño ya estaba hecho. En las elecciones del 2003 el PAN perdió importantes municipios como Zapopan y estuvo a punto de perder Guadalajara. En el Estado de México perdió Ecatepec y otros más.

Pero regresemos a Saltillo. Antes de emitir un juicio es preciso analizar las partes del bono. Con la información que generan los medios entiendo que una parte corresponde al ahorro que cada uno de los regidores realizó en cierto periodo de tiempo; por lo tanto es justo que reciban la cantidad ahorrada más los intereses generados por ello.

Existe otra parte del bono que aun no me queda muy claro a pesar de la gran cobertura que ha tenido y esta es que al parecer por cada peso ahorrado el municipio les otorgo otro ¿Bajo qué criterios se da?. Si mi anterior sospecha es real entonces tendríamos una tercera parte: lo correspondiente al bono por productividad ¿En qué estaban pensando los regidores, síndicos y alcalde al momento de aprobar dicho concepto? ¿Es acaso el municipio una empresa, o peor aun, un botín que se pueden distribuir?

Según los regidores este mecanismo que conforma el bono ya estaba previsto dentro del presupuesto pero ¿Por qué los saltillenses no se enteraron desde el momento mismo en que se presupuestó dicho bono, es decir en noviembre-diciembre del 2003? La respuesta es muy sencilla: La forma en como se integra el presupuesto es demasiado opaco, lo que permite disfrazar y ocultar cualquier tipo de anomalía.

Otra pregunta ¿Por qué en ese momento los regidores, que hoy argumentan que nunca estuvieron de acuerdo con el bono, no hicieron su negativa publica en el momento mismo de su presupuestación? Y si lo hicieron ¿Cómo es que una nota tan importante no la tomaron los medios locales?

Las reacciones sociales al bono han generado contra-reacciones en los integrantes del ayuntamiento y con ellas podemos descifrar la calidad moral de las autoridades locales que tiene Saltillo, quedando devaluada de entrada al aceptar el bono.  Así pues, la mayoria de los regidores al ver el airado reclamo de los sectores sociales han señalado que el monto del bono no es justo, mientras que los menos han señalado lo contrario.

Por otra parte algunos integrantes del Ayuntamiento (se incluye al alcalde) han regresado o donado la parte del bono que consideran ellos es injusta (¿Lo hubieran hecho sino hubiese existido la presión social?) y otros ya hasta lo gastaron. Sin embargo hay una declaración de un regidor que prácticamente raya en el cinismo; la del regidor Cortés Ojeda y cito textual de acuerdo a un periódico local:  "Yo creo que es difícil dar marcha atrás porque la Constitución y la Ley Federal del Trabajo dice que los logros y los beneficios del trabajador son irrenunciables, y de acuerdo con la Ley está difícil (regresarlo)".

Lo anterior me genera más preguntas; ¿Procede aplicar las normas que señala el regidor ante un acto donde el mismo “trabajador” se auto-impone dichos beneficios? ¿El fantástico “logro” de los regidores –asignarse un bono de manera poco ética- cabe dentro de lo irrenunciable? ¿Por qué no renuncian al bono que ellos crearon y que por lo tanto ellos mismos pueden eliminar?

Por donde se le vea, este hecho penoso para Saltillo (ya se conoce en muchas partes del país) no tiene sustento ni justificación alguna. Su origen esta en la rancia cultura política y el costumbrismo maléfico que aún existe en muchos actores políticos, haciendo incluso que algunos regidores señalen que los bonos no son ilícitos sino que el error estuvo en el momento en que se los dieron. Dicho en otras palabras; la forma y no el fondo es lo que hay que mejorar. ¡Que descaro!

Algunos imploran que el Gobernador o el Congreso emitan normas que lo eviten en el futuro, pero hacerlo implicaría seguir sustentando el precepto de que los municipios son como “menores de edad” que tienen que seguir siendo guiados por sus “padres” el gobierno estatal y el federal o ¿Acaso el actual ayuntamiento es menor de edad?

Es fundamental que los ayuntamientos sepan comportarse a la altura y tomar las decisiones adecuadas bajo la autonomía que les otorga la Constitución. Lamentablemente en muchos, como el de Saltillo, esa autonomía se transforma en un libertinaje ocasionado por la falta de responsabilidad y poca ética política de quienes ostentan los cargos correspondientes.

El reto no esta en quitarle autonomía a los municipios sino fortalecer a su cuerpo de gobierno (ayuntamiento) mediante algunas reformas, siendo una de ellas el mejoramiento al sistema de competencia electoral para el acceso al poder municipal. Es decir urge que los regidores sean elegidos por distritos y no por el reparto de cuotas al interior de los partidos políticos, hecho que hace que lleguen personas poco preparadas al gobierno.

También es fundamental que se establezcan normas municipales que regulen los salarios y los bonos. Esto para que se inhiba y bloquee a aquellos que pretenden llegar al gobierno a cobrar altos salarios y jugosos bonos que ellos mismos pueden darse.

Cero y van dos bonos ¿Cuántos más aguantaran los saltillenses?

martes, junio 01, 2004

Educación: el oscuro en el sexenio


Localeando, El Diario de Coahuila, 1 de junio 2004

El gobierno de Enrique Martínez ha tenido, hasta la fecha, avances (o claros) en diversos rubros. En materia municipal el Estado se encuentra a la vanguardia, aunque falta por ahí la cereza del pastel: Elección de regidores por distritos.

En materia de infraestructura es innegable el progreso. Distribuidores viales, par y circuitos viales, carreteras (como la de Muzquiz-Ojinaga), son solo algunos buenos casos. En materia de ordenamiento urbano se tienen también avances: Los planes de desarrollo urbano de las principales ciudades coahuilenses con vigencia hasta el 2025.

En materia judicial, al parecer los primeros pasos se están dando. En los próximos días el Ejecutivo firmará un convenio de colaboración con los poderes Legislativo y Judicial para llevar a cabo trabajos preparatorios. La intención es, según el gobierno, que en Coahuila se den los procesos judiciales orales lo que acortaría de manera drástica los tiempos para la emisión de sentencias.

En materia de Seguridad Pública parece que el barco sigue a flote, aunque comienza a hacer agua en el norte del Estado. Lo mismo pasa con la generación de empleos. El problema en estos dos rubros raya en la falta de reconocimiento de estos “pendientes” por parte del gobierno estatal, lo que se podría traducir en una falta de humildad. Y es que a veces el principal obstáculo no es el problema en sí, sino la actitud mostrada ante el problema. Aun con el problema de actitud, estos ámbitos no muestran, por el momento, problemas de fondo y/o estructurales.

No obstante algo tarde, la transparencia y el acceso a la información comenzará a ser una realidad a partir del 1º. de diciembre de este año. Con todo, y al igual que con los planes de desarrollo urbano, lo mejor esta por venir. El éxito en este rubro, mucho dependerá de cómo quede conformado el nuevo Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Si alguno de los tres consejeros propietarios que vayan a ser elegidos tienen una mínima vinculación con algún partido, el esfuerzo se irá al desagüe.

Como se pudo leer y grosso modo hay claros que en momentos permiten ver el futuro de una manera menos preocupante. Sin embargo, y tal y como pasa hasta en la vida personal de cada uno de nosotros, hay una nube gris (oscura) que sigue rondando por ahí. Me refiero a la educación en el Estado.

El sector educativo en Coahuila es un coto de poder tan fuerte que a cualquier político le apetecería disfrutar o dicho de otra manera, le disgustaría enfrentar. La vieja cultura educativa, que parece enclaustrarse en este sector a pesar de que por su naturaleza debería ser de las más progresistas y vanguardistas, sigue retardando el desarrollo integral del Estado.

Si bien es cierto que modificar el status quo significa tomar grandes riesgos, dada la capacidad de movilización de sus agremiados, también lo es el hecho de que su renovación y revitalización se requiere de manera urgente debido a que representa un obstáculo serio que impacta no-solo los otros sectores de una sociedad, sino al individuo en su lucha por sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo.

No desestimo los esfuerzos realizados en este rubro por el Gobierno Estatal. La reciente eliminación de ciertas prerrogativas injustificables a los maestros no es cualquier cosa, pero sigue siendo intocable el núcleo del problema: El sistema en sí. Hecho que sigue ocasionando que Coahuila tenga, según las evaluaciones nacionales, uno de los últimos lugares en aprovechamiento de sus alumnos.

Ante este reto de enormes magnitudes, la mejor forma de enfrentarlo es transparentando todo lo que actualmente acontece en las mismas entrañas del sector. Es decir, es mejor dar una batalla, 100% justificable, a la luz de toda la ciudadanía que seguirla dando en lo “oscurito”, donde los aliados sociales son escasos. Ahora me explico.

Si en lugar de negarse a transparentar la evaluación educativa, la SEPC consiguiera hacer que los resultados sobre la evaluación de escuelas, maestros y alumnos, fueran del conocimiento público, el proceso de mejoramiento del sector, y por consecuente del sistema, sería menos complejo debido a que los desafíos ya no serian gobierno versus magisterio sino magisterio versus magisterio, y esto por una sencilla razón: Se generaría un sistema de competencia interno.

Con lo anterior, el gobierno solo tiene que preocuparse por definir las reglas y que estas sean claras y aplicables para todos. Ahora bien ¿Cómo puede hacer la SEPC para eliminar los obstáculos que impiden la apertura? Enviando una iniciativa al Congreso (que es el representante de la sociedad) a través del Ejecutivo, tal y como acaba de acontecer en Sonora.

En ese Estado,  el Ejecutivo recién envió una iniciativa de Ley al Congreso local para evaluar a los maestros, alumnos y escuelas de todos los niveles educativos, comparar los resultados y, además, hacerlos públicos. El objetivo: crear el estándar "Calidad Sonora".

Ahora bien, con base en los resultados, las instituciones serán ubicadas en cuatro categorías de desempeño escolar: de excelencia, sobresaliente, estándar y debajo del estándar. Las escuelas que queden en estándar y debajo del estándar deberán presentar un programa de mejoramiento a corto plazo, en el que se establezcan necesidades, compromisos, responsabilidades y metas concretas para elevar su categoría de enseñanza.

Los estímulos no quedarán en las clasificaciones respectivas, que insisto serán de carácter público, ya que se creará un premio para las mejores instituciones y un fondo para apoyar a las de menor nivel de enseñanza. Obviamente se incluye un sistema de compensaciones por resultados para los docentes. La iniciativa fue tan bien recibida que hasta los diputados de oposición la ven con buenos ojos.

Imaginen que un programa evaluatorio de este tipo ya este funcionando en Coahuila ¿Acaso creen que los maestros competentes solaparían a los maestros incompetentes? Por supuesto que no, ya que, como lo mencione líneas atrás, se crearía un sistema de competencia, como en el que vivimos todos los que desempeñamos otros trabajos, y donde nadie querría perderse su pedazo de pastel por hacer bien su trabajo.

domingo, mayo 16, 2004

El PAN en Saltillo: un diagnóstico


Localeando, El Diario de Coahuila, 16 de mayo 2004

En toda su historia en Saltillo, el PAN solo ha vivido dos momentos de éxtasis política: en 1990 y en 1996. La pregunta es ¿Cuándo retornaran esos momentos?. Aquellos éxitos electorales fueron generados en gran parte por los errores que políticos del PRI habían cometido (Eleazar Galindo Vara y Rogelio Montemayor) y por las características sociales de los candidatos del PAN a la Alcaldía. Basado en lo anterior, se puede decir que el PAN no ha podido hacerse de una victoria gracias a su fortaleza política,  aunque es preciso reconocer que esos aprovechamientos son tan válidos como los triunfos logrados.

Esto nos lleva a reflexionar sobre la fortaleza institucional que ha poseído, que posee y que poseerá este partido en la región. Los últimos acontecimientos que se siguen dando en su interior como consecuencia de la lucha entre dos bandos, pudiera llevarnos a cometer el enorme error de encasillar su debilidad en solamente este hecho, cuando son muchos los actos que lo han alejado de las preferencias electorales. En otras palabras podríamos decir que el PAN en Saltillo es un barco que hace agua por muchos puntos de su estructura.

Aunque el divisionismo afecta al PAN en todo el Estado, este no mantiene la misma fortaleza en sus diferentes comités municipales. En Torreón al menos han logrado mantener presencia entre los votantes, además de que han permitido y promovido el surgimiento de políticos jóvenes que hoy ocupan diversos espacios de poder como lo son la Alcaldía de Torreón y al menos dos curules en el
Congreso del Estado.

Con las fortalezas que actualmente tiene el PAN en Saltillo, la cual yo la reduciría a la tradición, me atrevo a decir que seguirá estando condenado a ser un partido que se sirve de las coyunturas para sobresalir. En todos estos años que el PAN lleva de ser oposición en Saltillo, la creatividad política no ha aflorado para tratar de encontrar los medios posibles de recuperar el voto de un electorado que cada vez es más educado y que además esta harto de las descalificaciones y agresiones políticas sin razón.

Desde afuera se ve que su dirigencia, militancia y estructura están sumergidos en una zona donde dicha creatividad esta prácticamente desaparecida y la poca que surge, va en contrasentido de lo que esperan los ciudadanos, y para muestra basta un botón: el contenido editorial de su nuevo vehículo de comunicación escrito y titulado “Acción”, no es más que un panfleto sin ideas propositivas y que raya en la politiquería. Y aunque este folleto lo edita el Comité Estatal, la ciudadanía no diferencia entre comités de diversa cobertura: el PAN es igual de donde venga para el elector.

El PAN en Saltillo es un partido que asusta, que se evita a sí mismo, que solo funciona en época de elecciones. Un partido al que da miedo acercarse, un partido secuestrado y que carece de la habilidad del diálogo y el acuerdo entre sus mismos militantes, simplemente porque el punto de debate son las personas y no las ideas.  Me da la impresión de que la voracidad política de algunos de sus militantes y camarillas raya en un egoísmo que atenta contra la naturaleza misma de un partido político.

El PAN es un partido que debe reorientarse para ser una opción viable de poder. Su apertura es requerida mucho más que en otros municipios o Estados. Su purificación debe comenzar con un ejercicio interno de reflexión donde las pugnas deben quedar fuera. Aunque son pasos difíciles de dar, el PAN requiere de profesionalizar su dirigencia y de una depuración de la militancia tradicional que poco aporta pero si mucho divide y resta.

En lo que respecta a la generación de nuevos cuadros que renueven la sangre de la militancia, el PRI le lleva años luz al PAN. Mientras los jóvenes priístas se están forjando en los espacios naturales que ofrece el ostentar el poder, el PAN sigue sin ser capaz de armar un punto de encuentro que identifique y reúna a los líderes juveniles de Saltillo.

Los conflictos entre los dos bandos (Rosendistas y Garciavillistas) y la existencia de un tercer grupo tradicional que sigue atado al pasado, no han sido del todo eliminados. La recién concluida gira de la unidad que pretendía rejuntar al panismo en Coahuila resultó en acuerdos que más temprano que tarde volverán a romperse. Su miopía pleitista les impide visualizar que están condenando al partido a un destino que solo le queda “colgarse” de la popularidad de algún candidato para poder ganar y/o sobrevivir. Esta es una característica de los llamados partidos pequeños.

Es más, el delegado actual, y que esta por irse, ha reconocido su impotencia al no poder generar un ambiente donde prevalezcan las discusiones sobre las propuestas a presentar a los coahuilenses y no los ataques y descalificaciones entre sus mismos militantes. Bajo este escenario, solo un error fatal por parte de un actor importante del PRI haría que este partido renaciera en Saltillo durante las elecciones del 2005.

En una ciudad cargada de retos, donde hay mucho que construir y mejorar, donde se requieren de innovaciones gubernamentales e institucionales de primer orden, el PAN tiene aún oportunidades para alcanzar a re-fundarse quizás no con miras a las elecciones del 2005 pero si para un largo plazo que se antoja complicado para la zona sureste de Coahuila.

La democracia no puede ser una realidad cuando solo existe una fuerza política que ostente el poder holgadamente dentro de una sociedad. El equilibrio político es una necesidad que solo es posible mediante la existencia de partidos fuertes y atentos a los reclamos sociales. Saltillo requiere de ese equilibrio político que nunca ha sido sólido y que solo se da en momentos de coyuntura. Ojalá el PAN pueda pronto encontrar el sendero adecuado que lo haga convertirse en una opción política para un electorado que esta sediento de eso: opciones. No lo digo por ellos, lo digo porque la sociedad y hasta sus contrincantes políticos lo requieren.

Glosa: el pasado sábado se formalizó la intención de crear el partido México Ciudadano para apoyar la candidatura presidencial hacia el 2006 de Jorge Castañeda e impulsar una plataforma política contra "la partidocracia". Por lo pronto celebro su incursión a la vida política de este país.