sábado, junio 19, 2004

El bono, preguntas y actitudes


Localeando, El Diario de Coahuila, 19 de junio 2004

Mientras que la tendencia en los municipios mexicanos es a eliminar las altas prerrogativas y prestaciones que tienen las autoridades y funcionarios, y que contribuyen a disminuir la confianza ciudadana en los gobernantes, en Saltillo las cosas van en sentido contrario.

Durante 2001 y 2002 hubo en el país una serie de escándalos locales, más en municipios panistas, precisamente porque los integrantes de los ayuntamientos se propinaban unos sueldos realmente ofensivos, aprovechándose de que en esta materia  el Ayuntamiento es autónomo. El argumento: Ejercer el gobierno es difícil y complicado. La primera pregunta es ¿Para que se postulan?

En Jalisco y el Estado de México los acontecimientos alcanzaron enormes proporciones. En diciembre del 2001 el Congreso jalisciense aprobó la creación del Comité Técnico de Valoración Salarial del Estado de Jalisco y sus Municipios (CTVS), con el fin de realizar un diagnóstico sobre la situación salarial de los gobernantes y elaborar una serie de recomendaciones para ser tomadas en cuenta por los representantes de los tres poderes públicos en la entidad.

A pesar de estos esfuerzos en Jalisco el daño ya estaba hecho. En las elecciones del 2003 el PAN perdió importantes municipios como Zapopan y estuvo a punto de perder Guadalajara. En el Estado de México perdió Ecatepec y otros más.

Pero regresemos a Saltillo. Antes de emitir un juicio es preciso analizar las partes del bono. Con la información que generan los medios entiendo que una parte corresponde al ahorro que cada uno de los regidores realizó en cierto periodo de tiempo; por lo tanto es justo que reciban la cantidad ahorrada más los intereses generados por ello.

Existe otra parte del bono que aun no me queda muy claro a pesar de la gran cobertura que ha tenido y esta es que al parecer por cada peso ahorrado el municipio les otorgo otro ¿Bajo qué criterios se da?. Si mi anterior sospecha es real entonces tendríamos una tercera parte: lo correspondiente al bono por productividad ¿En qué estaban pensando los regidores, síndicos y alcalde al momento de aprobar dicho concepto? ¿Es acaso el municipio una empresa, o peor aun, un botín que se pueden distribuir?

Según los regidores este mecanismo que conforma el bono ya estaba previsto dentro del presupuesto pero ¿Por qué los saltillenses no se enteraron desde el momento mismo en que se presupuestó dicho bono, es decir en noviembre-diciembre del 2003? La respuesta es muy sencilla: La forma en como se integra el presupuesto es demasiado opaco, lo que permite disfrazar y ocultar cualquier tipo de anomalía.

Otra pregunta ¿Por qué en ese momento los regidores, que hoy argumentan que nunca estuvieron de acuerdo con el bono, no hicieron su negativa publica en el momento mismo de su presupuestación? Y si lo hicieron ¿Cómo es que una nota tan importante no la tomaron los medios locales?

Las reacciones sociales al bono han generado contra-reacciones en los integrantes del ayuntamiento y con ellas podemos descifrar la calidad moral de las autoridades locales que tiene Saltillo, quedando devaluada de entrada al aceptar el bono.  Así pues, la mayoria de los regidores al ver el airado reclamo de los sectores sociales han señalado que el monto del bono no es justo, mientras que los menos han señalado lo contrario.

Por otra parte algunos integrantes del Ayuntamiento (se incluye al alcalde) han regresado o donado la parte del bono que consideran ellos es injusta (¿Lo hubieran hecho sino hubiese existido la presión social?) y otros ya hasta lo gastaron. Sin embargo hay una declaración de un regidor que prácticamente raya en el cinismo; la del regidor Cortés Ojeda y cito textual de acuerdo a un periódico local:  "Yo creo que es difícil dar marcha atrás porque la Constitución y la Ley Federal del Trabajo dice que los logros y los beneficios del trabajador son irrenunciables, y de acuerdo con la Ley está difícil (regresarlo)".

Lo anterior me genera más preguntas; ¿Procede aplicar las normas que señala el regidor ante un acto donde el mismo “trabajador” se auto-impone dichos beneficios? ¿El fantástico “logro” de los regidores –asignarse un bono de manera poco ética- cabe dentro de lo irrenunciable? ¿Por qué no renuncian al bono que ellos crearon y que por lo tanto ellos mismos pueden eliminar?

Por donde se le vea, este hecho penoso para Saltillo (ya se conoce en muchas partes del país) no tiene sustento ni justificación alguna. Su origen esta en la rancia cultura política y el costumbrismo maléfico que aún existe en muchos actores políticos, haciendo incluso que algunos regidores señalen que los bonos no son ilícitos sino que el error estuvo en el momento en que se los dieron. Dicho en otras palabras; la forma y no el fondo es lo que hay que mejorar. ¡Que descaro!

Algunos imploran que el Gobernador o el Congreso emitan normas que lo eviten en el futuro, pero hacerlo implicaría seguir sustentando el precepto de que los municipios son como “menores de edad” que tienen que seguir siendo guiados por sus “padres” el gobierno estatal y el federal o ¿Acaso el actual ayuntamiento es menor de edad?

Es fundamental que los ayuntamientos sepan comportarse a la altura y tomar las decisiones adecuadas bajo la autonomía que les otorga la Constitución. Lamentablemente en muchos, como el de Saltillo, esa autonomía se transforma en un libertinaje ocasionado por la falta de responsabilidad y poca ética política de quienes ostentan los cargos correspondientes.

El reto no esta en quitarle autonomía a los municipios sino fortalecer a su cuerpo de gobierno (ayuntamiento) mediante algunas reformas, siendo una de ellas el mejoramiento al sistema de competencia electoral para el acceso al poder municipal. Es decir urge que los regidores sean elegidos por distritos y no por el reparto de cuotas al interior de los partidos políticos, hecho que hace que lleguen personas poco preparadas al gobierno.

También es fundamental que se establezcan normas municipales que regulen los salarios y los bonos. Esto para que se inhiba y bloquee a aquellos que pretenden llegar al gobierno a cobrar altos salarios y jugosos bonos que ellos mismos pueden darse.

Cero y van dos bonos ¿Cuántos más aguantaran los saltillenses?

martes, junio 01, 2004

Educación: el oscuro en el sexenio


Localeando, El Diario de Coahuila, 1 de junio 2004

El gobierno de Enrique Martínez ha tenido, hasta la fecha, avances (o claros) en diversos rubros. En materia municipal el Estado se encuentra a la vanguardia, aunque falta por ahí la cereza del pastel: Elección de regidores por distritos.

En materia de infraestructura es innegable el progreso. Distribuidores viales, par y circuitos viales, carreteras (como la de Muzquiz-Ojinaga), son solo algunos buenos casos. En materia de ordenamiento urbano se tienen también avances: Los planes de desarrollo urbano de las principales ciudades coahuilenses con vigencia hasta el 2025.

En materia judicial, al parecer los primeros pasos se están dando. En los próximos días el Ejecutivo firmará un convenio de colaboración con los poderes Legislativo y Judicial para llevar a cabo trabajos preparatorios. La intención es, según el gobierno, que en Coahuila se den los procesos judiciales orales lo que acortaría de manera drástica los tiempos para la emisión de sentencias.

En materia de Seguridad Pública parece que el barco sigue a flote, aunque comienza a hacer agua en el norte del Estado. Lo mismo pasa con la generación de empleos. El problema en estos dos rubros raya en la falta de reconocimiento de estos “pendientes” por parte del gobierno estatal, lo que se podría traducir en una falta de humildad. Y es que a veces el principal obstáculo no es el problema en sí, sino la actitud mostrada ante el problema. Aun con el problema de actitud, estos ámbitos no muestran, por el momento, problemas de fondo y/o estructurales.

No obstante algo tarde, la transparencia y el acceso a la información comenzará a ser una realidad a partir del 1º. de diciembre de este año. Con todo, y al igual que con los planes de desarrollo urbano, lo mejor esta por venir. El éxito en este rubro, mucho dependerá de cómo quede conformado el nuevo Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Si alguno de los tres consejeros propietarios que vayan a ser elegidos tienen una mínima vinculación con algún partido, el esfuerzo se irá al desagüe.

Como se pudo leer y grosso modo hay claros que en momentos permiten ver el futuro de una manera menos preocupante. Sin embargo, y tal y como pasa hasta en la vida personal de cada uno de nosotros, hay una nube gris (oscura) que sigue rondando por ahí. Me refiero a la educación en el Estado.

El sector educativo en Coahuila es un coto de poder tan fuerte que a cualquier político le apetecería disfrutar o dicho de otra manera, le disgustaría enfrentar. La vieja cultura educativa, que parece enclaustrarse en este sector a pesar de que por su naturaleza debería ser de las más progresistas y vanguardistas, sigue retardando el desarrollo integral del Estado.

Si bien es cierto que modificar el status quo significa tomar grandes riesgos, dada la capacidad de movilización de sus agremiados, también lo es el hecho de que su renovación y revitalización se requiere de manera urgente debido a que representa un obstáculo serio que impacta no-solo los otros sectores de una sociedad, sino al individuo en su lucha por sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo.

No desestimo los esfuerzos realizados en este rubro por el Gobierno Estatal. La reciente eliminación de ciertas prerrogativas injustificables a los maestros no es cualquier cosa, pero sigue siendo intocable el núcleo del problema: El sistema en sí. Hecho que sigue ocasionando que Coahuila tenga, según las evaluaciones nacionales, uno de los últimos lugares en aprovechamiento de sus alumnos.

Ante este reto de enormes magnitudes, la mejor forma de enfrentarlo es transparentando todo lo que actualmente acontece en las mismas entrañas del sector. Es decir, es mejor dar una batalla, 100% justificable, a la luz de toda la ciudadanía que seguirla dando en lo “oscurito”, donde los aliados sociales son escasos. Ahora me explico.

Si en lugar de negarse a transparentar la evaluación educativa, la SEPC consiguiera hacer que los resultados sobre la evaluación de escuelas, maestros y alumnos, fueran del conocimiento público, el proceso de mejoramiento del sector, y por consecuente del sistema, sería menos complejo debido a que los desafíos ya no serian gobierno versus magisterio sino magisterio versus magisterio, y esto por una sencilla razón: Se generaría un sistema de competencia interno.

Con lo anterior, el gobierno solo tiene que preocuparse por definir las reglas y que estas sean claras y aplicables para todos. Ahora bien ¿Cómo puede hacer la SEPC para eliminar los obstáculos que impiden la apertura? Enviando una iniciativa al Congreso (que es el representante de la sociedad) a través del Ejecutivo, tal y como acaba de acontecer en Sonora.

En ese Estado,  el Ejecutivo recién envió una iniciativa de Ley al Congreso local para evaluar a los maestros, alumnos y escuelas de todos los niveles educativos, comparar los resultados y, además, hacerlos públicos. El objetivo: crear el estándar "Calidad Sonora".

Ahora bien, con base en los resultados, las instituciones serán ubicadas en cuatro categorías de desempeño escolar: de excelencia, sobresaliente, estándar y debajo del estándar. Las escuelas que queden en estándar y debajo del estándar deberán presentar un programa de mejoramiento a corto plazo, en el que se establezcan necesidades, compromisos, responsabilidades y metas concretas para elevar su categoría de enseñanza.

Los estímulos no quedarán en las clasificaciones respectivas, que insisto serán de carácter público, ya que se creará un premio para las mejores instituciones y un fondo para apoyar a las de menor nivel de enseñanza. Obviamente se incluye un sistema de compensaciones por resultados para los docentes. La iniciativa fue tan bien recibida que hasta los diputados de oposición la ven con buenos ojos.

Imaginen que un programa evaluatorio de este tipo ya este funcionando en Coahuila ¿Acaso creen que los maestros competentes solaparían a los maestros incompetentes? Por supuesto que no, ya que, como lo mencione líneas atrás, se crearía un sistema de competencia, como en el que vivimos todos los que desempeñamos otros trabajos, y donde nadie querría perderse su pedazo de pastel por hacer bien su trabajo.