domingo, octubre 31, 2004

Lo que viene después de la elección


Artículo Localeando, El Diario de Coahuila, 31 de octubre 2004

Si la elección para elegir Presidente en Estados Unidos se decide en los tribunales los cambios en ese país son inminentes. No solo la metodología electoral de carácter nacional estaría en la mira (que de hecho ya lo esta y prueba de ello lo es Colorado), también serian susceptibles de cambio las instituciones electorales, que aunque parezca paradójico y dados los hechos son en lo general, tan vulnerables como las que tenía México hasta antes de la reforma de 1996.

Si bien Estados Unidos muestra recursos electorales de vanguardia (debates, financiamiento, tribunales, transparencia), existen otros que comienzan a lastimar de manera notable la democracia en este país. Además del profundo involucramiento de los partidos en la operación del la elección, lo que impide una desarrollo electoral imparcial, también están las boletas electorales, el conteo de votos, los funcionarios electorales y los votos que se reparten por Estado. Los estadounidenses jamás imaginaron que se encontrarían en esta situación.

Lo que viene después de la elección en caso de complicaciones (o incluso quizás sin ellas) es un replanteamiento serio sobre la forma de la democracia. No en el sentido de dudar sobre ella, sino la forma de acceder a ella y de hacerla posible. Los efectos de esta nueva revolución operativa de la democracia estadounidense llegará seguramente a los otros ordenes de gobierno (Estatal y local) para al menos influenciarlos.

Estados Unidos es fuerte porque sus ciudades, condados y municipios son fuertes. Jamestown, la primera población inglesa establecida en 1607 en territorio estadounidense,  represento el primer pilar, de los miles que hoy sostienen a esta gran nación. Estados Unidos se formó de abajo hacia arriba y por ello cada villa, pueblo, ciudad, municipio y condado, juega un importante rol en el desarrollo y consolidación de la democracia.

Estas son valoradas de una forma distinta a como acontece en México. Si bien no aparecen como tales en la Constitución Norteamericana, eso no significa un desprecio hacia ellas. Al contrario, simboliza la libertad e independencia necesarias para autoerigirse conforme sus propias necesidades de acuerdo a un marco general legal.

Es en sus calles y parques donde la política local, estatal y nacional se debate. Sus bibliotecas y auditorios son espacios donde las ideologías buscan incansablemente consolidar la simpatía de los seguidores y conquistar las preferencias de los indecisos. Es en ellas donde las manifestaciones a favor o en contra de tal o cual candidato, iniciativa o ideología encuentran libertad para poder expresarse. ¿Cómo separar entonces la vinculación entre lo nacional, estatal y local?

El escenario de profundo divisionismo que caracteriza a esta elección presidencial y las constantes sospechas por el proceso electoral, sin duda arrastrarán hacia potenciales reformas electorales locales para mantener la confianza de los votantes. En muchas ciudades de Estados Unidos los edificios públicos, así como los edificios del gobierno sirven como lugares para establecer casillas electorales (algo impensable para México) ¿Seguirá siendo de esta forma?

En las elecciones locales los partidos no son protagonistas como sucede en México. La contienda se enfoca fuertemente en las personas junto con sus propuestas y sobre ellos los ciudadanos deben elegir. Dadas las actuales circunstancias ¿Qué tanto se modificará la forma de hacer política a nivel local como consecuencia de esta elección presidencial, marcada por la polarización de los ciudadanos estadounidenses?

La otrora confianza en las instituciones electorales (con todo lo que ello significa; procesos, metodología, funcionarios electorales) esta sufriendo una merma muy importante en cuanto a su credibilidad y no precisamente es por actos ilícitos cuando se eligen autoridades locales. La revolución, ahora electoral, va a permear de lo nacional a lo local y no como lo señala su misma historia; de lo local a lo nacional.

Existe una realidad que los norteamericanos comienzan a descubrir como consecuencia de su método electoral para elegir Presidente; su democracia es igual de vulnerable que la de otros países. Si la elección del 2000 fue muy controvertida (Bush no obtuvo la mayoría de los votos ciudadanos pero si del Colegio Electoral), la del 2004 rompe de lleno con todo lo establecido.

Para darle una dimensión a lo que actualmente acontece en Estados Unidos, consideremos las palabras vertidas por Newt Gingrich, representante republicano en el Congreso, en un reportaje del New York Times; “Es como en los años 1840 y 1850”, en referencia a los años antes y durante de la Guerra Civil estadounidense. “Esto va a continuar. Se trata de un verdadero desacuerdo en torno al futuro del país”.

Aunque dudo mucho que se este gestando una revolución que desencadene en violencia como sucedió en la segunda mitad del siglo XIX, si es probable que ocurra una revolución en cuanto a la forma en que los norteamericanos consideran su democracia. Tendrán que entender que la que ellos adoptan esta visiblemente agotada. El status quo electoral deberá modificarse y habrán de pasar varios años para que construyan uno que les devuelva nuevamente la confianza en él.

Al igual como sucedió en México, Estados Unidos deberá crear mecanismos autónomos que estén libre de sospecha. Hoy los representantes de los partidos son actores que inclusive llegan a calificar la elección. Algo similar a lo que sucedía en este país hace no muchos años. Ahora bien, independientemente de este enorme hueco, Estados Unidos tiene grandes instituciones por lo que no hay que lanzar la primera piedra sin haber hecho antes un análisis justo.

El problema electoral le llega en un momento nada favorable a los estadounidenses, precisamente cuando lo que necesitan es ningún error en su modelo de democracia y de país. Y es que los actuales acontecimientos alimentan abruptamente los argumentos de sus contrincantes.

Lo que ocurra mañana será muy importante para los estadounidenses y para el mundo entero. Se trata, como lo dice Gingrich de definir que país se quiere y eso no es nada fácil de definir a pesar de la fortaleza institucional de la que gozan.


domingo, octubre 24, 2004

¿Para adelante o para atrás?


Artículo Localeando, El Diario de Coahuila, 24 de octubre 2004

Para Chivis. Animo.

Ninguna ley es para siempre y la tan poca veces enmendada Constitución estadounidense es un ejemplo. Cada día que pasa se hacen más profundos los cuestionamientos sobre la forma de elegir al Presidente en Estados Unidos. Los fundadores de esa nación hicieron una Constitución tan amplia y cargada de pesos y contrapesos como para que pocas veces fuera enmendada, pero nada es eterno.

Junto con la elección a Presidente el próximo dos de Noviembre los electores del estado de Colorado tendrán la opción de modificar el mandato actual que señala que aquel candidato que gana en Colorado se lleva todos los votos del colegio electoral. La propuesta es que estos votos sean entregados de acuerdo al porcentaje de votación que obtuvo cada candidato. Sin duda una opción más justa y apegada a la realidad electoral. En este sentido, los primeros y difíciles pasos comienzan a darse en EUA pero serán dados para adelante y no en retroceso.

Esto al otro lado del Río Bravo, pero aquí en Coahuila tenemos nuestros propios pasos que dar y al parecer por ahí se quiere que sea en retroceso y me refiero al renacimiento de las voces que pretenden hacer modificaciones a la actual ley electoral. Estas serían bienvenidas si apuntaran a nuevos horizontes pero desafortunadamente apuntan hacia la retaguardia. No condeno que lo de atrás siempre es negativo, al contrario, algunas veces hay que retroceder, pero en esta ocasión ese retroceso no es conveniente.

Existen dos normas legales que actualmente incomoda a algunos partidos como a varios precandidatos: a) el corto período de tiempo para las campañas y b) la imposibilidad legal de manifestarse abiertamente en el sentido de querer ser precandidato a un cargo de elección popular.

Sobre el primer inciso tenemos que actualmente en el ambiente político nacional se desea una reforma para acortar campañas por diversas circunstancias que son muy conocidas; gasto excesivo de recursos, interrupción de legislaciones, escasez de negociaciones políticas, etcétera, y pretender regresar en Coahuila a lo que se tenía (campañas largas) es cometer un error de dos bandas; se iría contra un deseo nacional y se dejarían las bases para hacer con dinero a un desconocido en una personalidad electoral.

La reducción de los tiempos de campaña en Coahuila no afectó negativamente dos variables claves y básicas en las pasadas elecciones locales: 1) el índice de participación electoral y 2) la difusión de las propuestas. Habiendo salvado estos dos puntos no hay razón para modificar ¿Porqué querer regresar al pasado?

Por otro lado tampoco estoy de acuerdo en “suavizar” lo referente a las precampañas y es que ¿Imagina Usted como andarían ahora los precandidatos de no existir las restricciones actuales? De entrada el derroche de recursos públicos a favor de alguna precandidatura se haría más evidente. Si con el actual acicate tenemos indicios de ilegalidades piense ahora sin ellos. Otro hecho que se daría es que el dinero opacaría las propuestas y el debate (como sucedió en Tijuana).

La Ley Electoral en Coahuila es perfectible sin duda, incluso en los puntos anteriores, pero no debemos dejar ir la esencia de lo que pretende: elecciones más justas para todos los partidos y regulación y limitación precisa de los tiempos electorales.

No volteemos para atrás, hagámoslo para adelante. Estas dos normas ya manifestaron su bondad y el querer acomodárselos a sus propios intereses no habla más que de un egoísmo institucional y personal para salir beneficiados ellos y no la ciudadanía. Además la trayectoria propia de cada personaje lo va marcando para un puesto determinado.

El horizonte aun muestra muchos retos a la actual ley electoral y cito algunas; a) elección por distrito de regidores, b) candidaturas independientes y ciudadanas, c) partidos municipales, e) aplicación efectiva del referéndum para el cobro de nuevos impuestos y otras disposiciones, f) elección de Síndicos (como en Chihuahua), g) remoción de mandato, h) obligación de debates por tema y por región, entre algunos otros.

Y para esos que quieren regresar al pasado aquí les planteo un ejemplo del futuro que debemos abordar ya. En algunas semanas comenzara a discutirse en el Congreso de Sonora una iniciativa de reforma que el gobernador de aquel estado pretende enviar: las candidaturas independientes y ciudadanas. Esta propuesta se refiere a la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda postularse directamente como candidato a Gobernador del estado, diputado, alcalde o comisario, con la garantía de tener las mismas ventajas que los candidatos de los partidos políticos.

La iniciativa de reforma propone el siguiente texto para la fracción II del Articulo 16 de la Constitución local:  "Ser votado para los cargos de elección popular del estado y de los municipios, como candidato de algún partido político o como candidato independiente, en los términos establecidos por esta Constitución y la ley, así como ser nombrado para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión”.

La iniciativa también contempla las candidaturas ciudadanas y propone mínimos de firmas de simpatizantes. En el caso de los candidatos ciudadanos a diputados, estos deberán reunir cuando menos el 10 por ciento de la lista de los ciudadanos empadronados en el distrito electoral uninominal respectivo. Para los candidatos ciudadanos a alcaldes deberán reunir y presentar firmas de apoyo de acuerdo con la población empadronada en cada municipio. Ejemplo, en los ayuntamientos de hasta 10 mil ciudadanos empadronados serán mil firmas de apoyo. En los de más de 100 mil 1 empadronados, deberán presentar 6 mil firmas.

Iniciativas como la que hoy se maneja en Sonora deben estar en el horizonte de reformas actuales para el Estado. Coahuila ya ha dado un gran paso en la materia y lo que nos resta es hacer costumbre y cultura de las disposiciones que marcan las reglas electorales actuales. Los políticos que deseen cargos de elección deberán asimilar que la simpatía en el Estado de Coahuila hoy se basa más en la trayectoria, propuestas y el trabajo de los aspirantes y no únicamente en la realización de una campaña cargada de dinero y de mercadotecnia.

Para donde avanzamos ¿Para adelante o para atrás?

viernes, octubre 15, 2004

Se buscan donadores de futuro


Artículo Localeando, El Diario de Coahuila, 15 de octubre 2004

El actual gobierno estatal ha tenido avances en materia de planeación para el sureste de Coahuila. El “plan 2027” así lo indica, pero aun no puedo visualizar un mecanismo que le de, ya no digamos anclaje institucional sino certidumbre en su cumplimiento e implementación.

La tradición y la experiencia en México nos dice que si una buena iniciativa no se institucionaliza, difícilmente podrá sobrevivir en el tiempo y si lo hace su impacto se ira mermando por la enfermedad de la incontinuidad.

En algunos municipios o regiones que me ha tocado visitar debido a mi trabajo, veo un marcado interés por el futuro de sus comunidades. De alguna u otra forma han iniciado trabajos para no solo preverlo (caso “plan 2027”) sino para garantizar que lo planeado se lleve a cabo.

En algunos de ellos el proceso ha sido iniciado por el gobierno municipal (caso Querétaro). En otros por el gobierno y la sociedad (Veracruz-Boca del Río) y en otros ha sido la misma sociedad con recursos que aportan los empresarios (Ahome 2020). Los tres tienen un común denominador: tienen además de alma un cuerpo. La planeación institucionalizada es fundamental; ayuda a sobrevivir en un mundo cada vez más complejo y con menos recursos naturales.

En una entrevista hecha al Senador Demetrio Sodi de la Tijera (un excelente político) me volví a convencer de todo lo que he venido escribiendo sobre el tema. El Senador declaro que después de cumplir su mandato se dedicará a lo que desde ahora trabaja ya: un centro de estudios que analice, discuta y proponga elementos para el futuro de la Ciudad de México. Su justificación es muy simple; hoy nadie sabe a ciencia cierta hacia donde va la ciudad y como va la ciudad. Lo que existe no es ni remotamente lo suficiente.

Para materializar estos esfuerzos han logrado convencer, él y otras personas, a 25 empresarios de la ciudad quienes aportarán un millón de pesos cada uno. El centro de estudios estará integrado por un pool de académicos, empresarios, sociólogos y de personas provenientes de organismos civiles. Todos conocedores del tema.

Sería ingenuo pensar que la creación de este centro sea la panacea del futuro para la segunda ciudad más grande del mundo, pero sí jugará un muy importante rol y aportará elementos substanciales a la discusión; elementos que hoy no se tienen.

El tema de la planeación es tan significativo que no se puede dejar su diseño y desarrollo a un solo actor (el gobierno) y menos pensar que se puede anclar a una ley que creemos por si sola va a hacer que cumpla su cometido. Es necesario armar a esa planeación con al menos estos elementos: marco jurídico, representatividad social y un órgano deliberante permanente.

El “plan 2027” cumple solamente por el momento con un marco jurídico que incluye una hoja de ruta pero donde los demás elementos son cabos sueltos que solamente son atados en determinados momentos, amén de que la representatividad social presenta cierto déficit y los municipios prácticamente son acatadores.

El tema sobre la planeación del sureste del Estado esta siendo liderado por una secretaria del gobierno estatal que no le corresponde en toda la extensión de la palabra y si le corresponde jurídicamente en su totalidad no es correcto, porque atiende una responsabilidad (hacer obras publicas) o atiende otra (planeación). Medias tintas no es lo adecuado para esto.

Hace unos días leí en una nota del periódico que las autoridades de Nuevo León consideran que la zona metropolitana de Monterrey estará unida con la zona metropolitana de Saltillo ¡en 30 años!. Trato de imaginarme como sería todo ello y realmente aterroriza. Inmediatamente me pregunte ¿Conocerán de estas proyecciones las autoridades estatales y municipales? ¿Las habrán contemplado en el “plan 2027”? y si así fue ¿Se definieron rutas de acción para ello?.
Saltillo y su zona metropolitana seguirán siendo una buena opción como lugar para vivir y eso acarrea no solo migración. La instalación de industrias (como Whirlpool) si bien traen ciertos benefactores, también generan malo factores y todo ello se debe ponderar y analizar. No estoy en contra del crecimiento de las ciudades: simplemente quiero dejar claro que debe analizarse constantemente y a cada minuto ese crecimiento y por el momento esa dedicación el gobierno no lo puede garantizar.

Algunos cimientos para un futuro con certidumbre han sido ya instalados. El mismo “plan 2027” representa uno de ellos. Otro es la buena voluntad que han mostrado el gobierno estatal y los tres alcaldes de la zona para coordinar esfuerzos. La reunión del pasado miércoles entre los alcaldes de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga fue un buen ejemplo, pero no es suficiente porque esas acciones están sentadas en voluntades que no son garantizadas por los futuros alcaldes de dichos municipios.

Ante la realidad aquí planteada urge la creación del IRIP (Instituto Regional de Investigación y Planeación) o como quieran llamarle. Se trata de una institución que además de ser garante de las acciones que hasta el momento se han llevado a cabo, se enfocará única y exclusivamente en ir diseñando el futuro de la región.

La creación de un instituto de estas características puede tomar diferentes modalidades; meramente gubernamental, social-privado o mixto (gobierno-sociedad). Ejemplos como éste hay muchos: Barcelona, Manhattan, Chicago, Querétaro, Ciudad Juárez, León, etc. y pronto en la Ciudad de México. A nivel municipal-metropolitano esta el Instituto Metropolitano de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Boca del Río-Veracruz.
La iniciativa de los empresarios de Saltillo sobre la propuesta para crear el Centro de Estudios de Planeación Urbana es sin duda una buena iniciativa, pero hay que tener presente que el futuro no se limita al mero crecimiento urbano. El futuro implica aspectos multidisciplinarios y multidimensionales; educación, valores, cultura, ecología, sustentabilidad, urbanismo.

Si la preocupación de los empresarios y otros sectores de la región por el futuro es profunda, entonces no hay porque esperar a que el gobierno decida tomar cartas en el asunto. Con el transcurso del tiempo podrá incorporarse.

El futuro necesita de donadores y los empresarios de la región bien pueden iniciar el proceso.

domingo, octubre 10, 2004

El pacto federal y el 122


Localeando, El Diario de Coahuila, 10 de octubre 2004

Caminando por las calles de Ottawa allá por el año 2000, vi a un joven canadiense portar una camiseta con el mapa de Canadá en la cual se podía apreciar que sus provincias permanecían apenas unidas por hilos, lo que hacia constar desde esa perspectiva, la débil unión en aquel país.

En aquel entonces Canadá venía recuperándose de los intentos de Québec por independizarse, hecho que estuvo a punto de consumarse a mediados de la década de los 90’s. A más de 7 años de ese acontecimiento, el fantasma independentista continua rondando entre las mentes más conservadoras no solo de los “quebequenses”, sino también de los habitantes de Alberta, Saskatchewan y Manitoba.

Lo que vi en Ottawa me vino a la cabeza debido a lo que acontece en nuestro país por lo del artículo 122 constitucional, donde si bien no hay enfrentamiento directo entre entidades si lo hay vía el Congreso. Celebro que así sea, porque de lo contrario otros serian los resultados.

Un pacto de unión integral entre Estados soberanos no se resume a un pacto del orden meramente político; incluye pactos fiscales, pactos militares, pactos económicos, pactos subsidiarios, pactos legales y pactos sociales. La Unión Europea por ejemplo va camino a un pacto integral que partió de un pacto económico (La Comunidad del Acero y del Carbón). La República Mexicana, es un pacto integral y actualmente una de sus partes esta en crisis: el pacto fiscal.

A lo largo de su historia, México ha enfrentado retos para constituirse como país (unión integral). Su vida como nación inicia con un Chiapas que no era parte de la República. Posteriormente, y por el motivo que quieran, en 1836 Texas se separa y ello incita en parte a que en 1840 Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila crearan la efímera República del Río Grande, haciendo nuevos intentos pocos años después. La Unión Integral se tambaleaba.

Lo sucedido en 1846-47 si bien fue un arrebato de territorio por parte de Estados Unidos, muy probablemente esos “Estados” hubieran seguido los pasos de Texas dadas las débiles instituciones que como país teníamos en aquellos años. La unión de provincias a que los españoles habían obligado siglos atrás bajo el nombre de la “Nueva España” siguió milagrosamente unida después de esa grave perdida territorial.

Ya en el presente y motivado en ocasiones por factores ajenos a un deseo genuino por ser independientes, Yucatán dio muestras de intenciones separatistas en varias ocasiones (la última en 2001), lo que conlleva que ante ciertas coyunturas estos deseos puedan concretarse.

Posturas nuevas de separación o independentistas de carácter total no se avizoran por el momento en alguno de las entidades. Pero si hay visos de deseos de independencia fiscal en algunos de ellos. El último en decirlo con todas sus letras fue el mismo AMLO hace unos días.

En el resto de los Estados la independencia fiscal no ha sido mencionado de una manera clara, pero se dejan deslizar declaraciones que apuntan hacia ello, principalmente en algunos estados del norte.

Con tanto alboroto hoy levantado por la reforma al artículo 122 constitucional, cabe reconocer que las declaraciones de la mayoría de los Gobernadores han sido hasta el momento mesuradas (incluyendo a AMLO), señalando meramente que se trata de un asunto de equidad fiscal federalista.

Pero mi preocupación no parte de los políticos sino de la vox populli; el siempre presente reproche de los provincianos para con el D.F. y viceversa encuentra tierra fértil en este tipo de coyunturas para seguir agrandándose, y solo basta que un político en campaña electoral enarbole esta bandera para comenzar a ver las primeras consecuencias ¿Qué porcentaje de Chihuahuenses, Coahuilenses, Neoleoneses, Yucatecos, entre otros, estarían dispuestos a votar o impulsar una causa así? La mecha puede encenderse.

Al parecer no hay una causa de enormes proporciones que motive a una separación de un o algunos Estados; hablamos el mismo idioma, la historia es similar, compartimos los mismo valores, sufrimos en lo general las mismas carencias, las familias están dispersas entre varios estados (incluyendo el D.F.), entre otros, pero no por su inexistencia significa que no se puede generar alguna y vuelvo al caso de Yucatán: el conflicto electoral del 2001 dio motivo a manifestaciones (manejadas) de índole separatistas.

La reforma al artículo 122 esta siendo impulsado de manera “cruel” por algunos actores políticos pero también esta siendo mal atendida por el otro bando (AMLO rechazó la oferta de diálogo del PAN). Si bien es cierto que esa propuesta lleva años en el Congreso y que es justa, el quitar de golpe y porrazo entre 4 mil y 9 mil millones al presupuesto del D.F. es un golpe terrible para cualquier administración.

Imaginen que a estas alturas a Coahuila le quitaran el 10% de su presupuesto para el año entrante. El enojo sería mayúsculo pero muy probablemente el Estado pudiera sortear el recorte dada su buena salud financiera, pero no así el Distrito Federal. Seguro se está preguntando ¿Y los coahuilenses porque deben pagar por lo que acontece en la capital? La respuesta es sencilla: la interdependencia de los estados para con el D.F. y viceversa es extremadamente profunda.

Las finanzas del D.F. son débiles en lo general. Si bien su presupuesto es de alrededor de 80 mil millones para una población de apenas 8.6 millones de habitantes, su entorno financiero, fiscal, administrativo e inclusive social y político es realmente complejo. De entrada acumula una deuda de 40 mil millones, incrementada mayormente desde que el PRD asumió el gobierno en 1997.

Para comparar el tamaño del presupuesto capitalino pongamos de ejemplo a Monterrey y Guadalajara. La primera tiene una población de 1.1 millones y su presupuesto es de 2 mil 400 millones o $2,185 pesos por habitante. La segunda tiene una población de 1.6 millones y su presupuesto es de 3 mil 057 millones o $1,856 pesos por habitante. En el D.F. el presupuesto es de $9,302 pesos por habitante. ¿Es desproporcional? Si, pero la culpa no es de los defeños. Es de las reglas existentes.

Dada estas realidades urge una reforma fiscal profunda para que la rebatinga de recursos no sea el pretexto que conlleve a intenciones separatistas de alguno de los estados.

domingo, octubre 03, 2004

La nueva participación ciudadana II


La semana pasada mencioné sobre como la nueva participación ciudadana, desde mi punto de vista, tiende a especializarse en rubros antes no explorados y a organizarse de una mejor manera de tal suerte que llega ya con propuestas ante el gobierno (federal, estatal o municipal).

Terminé señalando que en Sinaloa, a pesar de sus graves problemas de inseguridad, comienza a desarrollar una activa participación ciudadana enfocada en los asuntos colectivos o públicos. Este es un tema importantísimo y fundamental porque en la medida que lo público (donde entra el gobierno) funciona de una forma más eficiente, las necesidades y carencias tienden a disminuir. De esta manera muchos asuntos que hoy son atendidos por organismos civiles de filantropía quedarían atendidos por el Estado.

Lo anterior se confirma porque los organismos no gubernamentales se enfocan mayormente en cubrir huecos y vacíos dejados por el gobierno al no poder o no querer llegar a cubrirlos. En este sentido Diego Valadés  señala en su libro “Constitución y Democracia” (UNAM, 2002) que de alguna manera el surgimiento y proliferación de estos organismos corresponde a una etapa en que los titulares de los órganos del Estado presentaron un doble déficit: de legitimidad y de efectividad.

La semana pasada también hice la siguiente pregunta: ¿Se puede lograr una mancuerna gobierno-sociedad, en aras de atender los retos colectivos, bajo una nueva relación y bajo nuevas reglas donde ambos actores se conducen a la par y no de manera supeditada? Mi respuesta fue un sí y la muestra es Sinaloa.

En aquel Estado el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa (CODESIN www.codesin.org.mx), que comienza a jugar un rol importante, es un caso a analizar. Hoy también es generador de otros movimientos netamente civiles como el Movimiento Ciudadano por una Mejor Administración Municipal (MOCIAM).

Pero iniciemos por el CODESIN. Este espacio plural surge en momentos de coyuntura: la crisis de 1995. La creación de este consejo fue una respuesta de la comunidad empresarial y del gobierno estatal para promover al Estado como un lugar apto para realizar inversiones y generar empleos.

En aquel tiempo y después de diferentes esfuerzos, la comunidad empresarial se convenció de que era necesario trabajar de la mano con el gobierno  y éste, del mismo modo, asimiló que requería de sinergias para ofrecer a la sociedad alternativas de solución a los diversos problemas.

Después de un intenso trabajo y cabildeo para conformar la estructura adecuada, en noviembre de 1996 se publica la Ley que le da vida institucional al CODESIN Estatal, así como a los cuatro consejos regionales, mismos que tendrían entre  sus funciones el dar apoyo a los consejos de desarrollo económico de cada uno de los municipios sinaloenses.

Hoy en día el CODESIN Estatal está conformado por un cuerpo directivo de 12 integrantes (4 del gobierno estatal y 8 provenientes de la iniciativa privada). Además existen cuatro consejos regionales que están conformados con una mayoría de representantes de la sociedad civil. Todos mantienen un paso sólido no solamente para perseguir sus objetivos originales, sino que sus actividades involucran temas relacionados desde la competitividad hasta el fortalecimiento de los gobiernos locales como protagonistas del desarrollo económico.

Este mecanismo de participación (CODESIN) contribuye también a la generación de una red organizada donde participan los órdenes de gobierno estatal y municipal junto con los representantes de la sociedad civil. Esta estructura permite armonizar en un mismo espacio las diferentes visiones de los actores participantes, siendo la constante la sociedad civil.

La credibilidad y el reconocimiento que ha logrado el CODESIN ha atraído la atención de otros sectores que tradicionalmente no participan en él debido a sus disposiciones jurídicas. Sin embargo hoy el CODESIN no solo funge como un jugador activo en el proceso de desarrollo de Sinaloa, sino que invita a involucrarse en el desarrollo y mejoramiento de los gobiernos municipales.

Como parte de sus esfuerzos y de esa capacidad de convocatoria, días atrás en la ciudad de Guasave, Sinaloa, me toco presenciar la conformación del Movimiento Ciudadano por una Mejor Administración Municipal (MOCIAM). Inspirados en la experiencia de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP) de Ciudad Juárez y bajo la orientación de CODESIN Zona Norte, este grupo decidió poner  manos a la obra para proponer a los candidatos a presidente municipal de ese municipio, que aquel elegido por el voto popular nombre a funcionarios que cumplan con un perfil determinado. En otras palabras; se busca la profesionalización en los mandos superiores de la administración municipal.

Hace once días el MOCIAM celebró su reunión con los candidatos para explicarles sus propuestas y aunque los resultados están por verse no cabe duda que este ejercicio marcó un nuevo punto de partida. Pero lo que más me llamo la atención es que dentro del MOCIAM hay uno de los principales transportistas urbanos de la ciudad. ¿Imagina Usted a un líder transportista de Saltillo participando en este tipo de iniciativas ciudadanas? Sinceramente yo no.

Quizás el caso coahuilense que pudiera ser semejante  al CODESIN es el Consejo Estatal de Impuestos sobre Nómina, donde gobierno y algunos sectores toman decisiones consensuadas. Si bien ha dado buenos resultados, su campo de acción esta muy limitado: la aplicación democrática de recursos públicos en obra de infraestructura estratégica.

Coahuila se jacta de tener más de 400 organizaciones civiles, hecho que es benéfico, pero desafortunadamente pocas se orientan hacia la procuración y promoción de iniciativas que conlleven a tener mejores gobiernos municipales y estatal. ¿Es necesario en Saltillo y en Coahuila mecanismos como el CODESIN, MOCIAM y el CIMAP?

La nueva participación ciudadana implica el surgimiento de grupos plurales de ciudadanos que deciden participar en nichos que no han venido siendo abordados por las autoridades ni tampoco por los organismos civiles tradicionales. Con la evolución de nuestra sociedad, vamos descubriendo nuevas áreas de oportunidad que necesariamente requieren ser atendidas.

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