domingo, octubre 10, 2004

El pacto federal y el 122


Localeando, El Diario de Coahuila, 10 de octubre 2004

Caminando por las calles de Ottawa allá por el año 2000, vi a un joven canadiense portar una camiseta con el mapa de Canadá en la cual se podía apreciar que sus provincias permanecían apenas unidas por hilos, lo que hacia constar desde esa perspectiva, la débil unión en aquel país.

En aquel entonces Canadá venía recuperándose de los intentos de Québec por independizarse, hecho que estuvo a punto de consumarse a mediados de la década de los 90’s. A más de 7 años de ese acontecimiento, el fantasma independentista continua rondando entre las mentes más conservadoras no solo de los “quebequenses”, sino también de los habitantes de Alberta, Saskatchewan y Manitoba.

Lo que vi en Ottawa me vino a la cabeza debido a lo que acontece en nuestro país por lo del artículo 122 constitucional, donde si bien no hay enfrentamiento directo entre entidades si lo hay vía el Congreso. Celebro que así sea, porque de lo contrario otros serian los resultados.

Un pacto de unión integral entre Estados soberanos no se resume a un pacto del orden meramente político; incluye pactos fiscales, pactos militares, pactos económicos, pactos subsidiarios, pactos legales y pactos sociales. La Unión Europea por ejemplo va camino a un pacto integral que partió de un pacto económico (La Comunidad del Acero y del Carbón). La República Mexicana, es un pacto integral y actualmente una de sus partes esta en crisis: el pacto fiscal.

A lo largo de su historia, México ha enfrentado retos para constituirse como país (unión integral). Su vida como nación inicia con un Chiapas que no era parte de la República. Posteriormente, y por el motivo que quieran, en 1836 Texas se separa y ello incita en parte a que en 1840 Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila crearan la efímera República del Río Grande, haciendo nuevos intentos pocos años después. La Unión Integral se tambaleaba.

Lo sucedido en 1846-47 si bien fue un arrebato de territorio por parte de Estados Unidos, muy probablemente esos “Estados” hubieran seguido los pasos de Texas dadas las débiles instituciones que como país teníamos en aquellos años. La unión de provincias a que los españoles habían obligado siglos atrás bajo el nombre de la “Nueva España” siguió milagrosamente unida después de esa grave perdida territorial.

Ya en el presente y motivado en ocasiones por factores ajenos a un deseo genuino por ser independientes, Yucatán dio muestras de intenciones separatistas en varias ocasiones (la última en 2001), lo que conlleva que ante ciertas coyunturas estos deseos puedan concretarse.

Posturas nuevas de separación o independentistas de carácter total no se avizoran por el momento en alguno de las entidades. Pero si hay visos de deseos de independencia fiscal en algunos de ellos. El último en decirlo con todas sus letras fue el mismo AMLO hace unos días.

En el resto de los Estados la independencia fiscal no ha sido mencionado de una manera clara, pero se dejan deslizar declaraciones que apuntan hacia ello, principalmente en algunos estados del norte.

Con tanto alboroto hoy levantado por la reforma al artículo 122 constitucional, cabe reconocer que las declaraciones de la mayoría de los Gobernadores han sido hasta el momento mesuradas (incluyendo a AMLO), señalando meramente que se trata de un asunto de equidad fiscal federalista.

Pero mi preocupación no parte de los políticos sino de la vox populli; el siempre presente reproche de los provincianos para con el D.F. y viceversa encuentra tierra fértil en este tipo de coyunturas para seguir agrandándose, y solo basta que un político en campaña electoral enarbole esta bandera para comenzar a ver las primeras consecuencias ¿Qué porcentaje de Chihuahuenses, Coahuilenses, Neoleoneses, Yucatecos, entre otros, estarían dispuestos a votar o impulsar una causa así? La mecha puede encenderse.

Al parecer no hay una causa de enormes proporciones que motive a una separación de un o algunos Estados; hablamos el mismo idioma, la historia es similar, compartimos los mismo valores, sufrimos en lo general las mismas carencias, las familias están dispersas entre varios estados (incluyendo el D.F.), entre otros, pero no por su inexistencia significa que no se puede generar alguna y vuelvo al caso de Yucatán: el conflicto electoral del 2001 dio motivo a manifestaciones (manejadas) de índole separatistas.

La reforma al artículo 122 esta siendo impulsado de manera “cruel” por algunos actores políticos pero también esta siendo mal atendida por el otro bando (AMLO rechazó la oferta de diálogo del PAN). Si bien es cierto que esa propuesta lleva años en el Congreso y que es justa, el quitar de golpe y porrazo entre 4 mil y 9 mil millones al presupuesto del D.F. es un golpe terrible para cualquier administración.

Imaginen que a estas alturas a Coahuila le quitaran el 10% de su presupuesto para el año entrante. El enojo sería mayúsculo pero muy probablemente el Estado pudiera sortear el recorte dada su buena salud financiera, pero no así el Distrito Federal. Seguro se está preguntando ¿Y los coahuilenses porque deben pagar por lo que acontece en la capital? La respuesta es sencilla: la interdependencia de los estados para con el D.F. y viceversa es extremadamente profunda.

Las finanzas del D.F. son débiles en lo general. Si bien su presupuesto es de alrededor de 80 mil millones para una población de apenas 8.6 millones de habitantes, su entorno financiero, fiscal, administrativo e inclusive social y político es realmente complejo. De entrada acumula una deuda de 40 mil millones, incrementada mayormente desde que el PRD asumió el gobierno en 1997.

Para comparar el tamaño del presupuesto capitalino pongamos de ejemplo a Monterrey y Guadalajara. La primera tiene una población de 1.1 millones y su presupuesto es de 2 mil 400 millones o $2,185 pesos por habitante. La segunda tiene una población de 1.6 millones y su presupuesto es de 3 mil 057 millones o $1,856 pesos por habitante. En el D.F. el presupuesto es de $9,302 pesos por habitante. ¿Es desproporcional? Si, pero la culpa no es de los defeños. Es de las reglas existentes.

Dada estas realidades urge una reforma fiscal profunda para que la rebatinga de recursos no sea el pretexto que conlleve a intenciones separatistas de alguno de los estados.

domingo, octubre 03, 2004

La nueva participación ciudadana II


La semana pasada mencioné sobre como la nueva participación ciudadana, desde mi punto de vista, tiende a especializarse en rubros antes no explorados y a organizarse de una mejor manera de tal suerte que llega ya con propuestas ante el gobierno (federal, estatal o municipal).

Terminé señalando que en Sinaloa, a pesar de sus graves problemas de inseguridad, comienza a desarrollar una activa participación ciudadana enfocada en los asuntos colectivos o públicos. Este es un tema importantísimo y fundamental porque en la medida que lo público (donde entra el gobierno) funciona de una forma más eficiente, las necesidades y carencias tienden a disminuir. De esta manera muchos asuntos que hoy son atendidos por organismos civiles de filantropía quedarían atendidos por el Estado.

Lo anterior se confirma porque los organismos no gubernamentales se enfocan mayormente en cubrir huecos y vacíos dejados por el gobierno al no poder o no querer llegar a cubrirlos. En este sentido Diego Valadés  señala en su libro “Constitución y Democracia” (UNAM, 2002) que de alguna manera el surgimiento y proliferación de estos organismos corresponde a una etapa en que los titulares de los órganos del Estado presentaron un doble déficit: de legitimidad y de efectividad.

La semana pasada también hice la siguiente pregunta: ¿Se puede lograr una mancuerna gobierno-sociedad, en aras de atender los retos colectivos, bajo una nueva relación y bajo nuevas reglas donde ambos actores se conducen a la par y no de manera supeditada? Mi respuesta fue un sí y la muestra es Sinaloa.

En aquel Estado el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa (CODESIN www.codesin.org.mx), que comienza a jugar un rol importante, es un caso a analizar. Hoy también es generador de otros movimientos netamente civiles como el Movimiento Ciudadano por una Mejor Administración Municipal (MOCIAM).

Pero iniciemos por el CODESIN. Este espacio plural surge en momentos de coyuntura: la crisis de 1995. La creación de este consejo fue una respuesta de la comunidad empresarial y del gobierno estatal para promover al Estado como un lugar apto para realizar inversiones y generar empleos.

En aquel tiempo y después de diferentes esfuerzos, la comunidad empresarial se convenció de que era necesario trabajar de la mano con el gobierno  y éste, del mismo modo, asimiló que requería de sinergias para ofrecer a la sociedad alternativas de solución a los diversos problemas.

Después de un intenso trabajo y cabildeo para conformar la estructura adecuada, en noviembre de 1996 se publica la Ley que le da vida institucional al CODESIN Estatal, así como a los cuatro consejos regionales, mismos que tendrían entre  sus funciones el dar apoyo a los consejos de desarrollo económico de cada uno de los municipios sinaloenses.

Hoy en día el CODESIN Estatal está conformado por un cuerpo directivo de 12 integrantes (4 del gobierno estatal y 8 provenientes de la iniciativa privada). Además existen cuatro consejos regionales que están conformados con una mayoría de representantes de la sociedad civil. Todos mantienen un paso sólido no solamente para perseguir sus objetivos originales, sino que sus actividades involucran temas relacionados desde la competitividad hasta el fortalecimiento de los gobiernos locales como protagonistas del desarrollo económico.

Este mecanismo de participación (CODESIN) contribuye también a la generación de una red organizada donde participan los órdenes de gobierno estatal y municipal junto con los representantes de la sociedad civil. Esta estructura permite armonizar en un mismo espacio las diferentes visiones de los actores participantes, siendo la constante la sociedad civil.

La credibilidad y el reconocimiento que ha logrado el CODESIN ha atraído la atención de otros sectores que tradicionalmente no participan en él debido a sus disposiciones jurídicas. Sin embargo hoy el CODESIN no solo funge como un jugador activo en el proceso de desarrollo de Sinaloa, sino que invita a involucrarse en el desarrollo y mejoramiento de los gobiernos municipales.

Como parte de sus esfuerzos y de esa capacidad de convocatoria, días atrás en la ciudad de Guasave, Sinaloa, me toco presenciar la conformación del Movimiento Ciudadano por una Mejor Administración Municipal (MOCIAM). Inspirados en la experiencia de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP) de Ciudad Juárez y bajo la orientación de CODESIN Zona Norte, este grupo decidió poner  manos a la obra para proponer a los candidatos a presidente municipal de ese municipio, que aquel elegido por el voto popular nombre a funcionarios que cumplan con un perfil determinado. En otras palabras; se busca la profesionalización en los mandos superiores de la administración municipal.

Hace once días el MOCIAM celebró su reunión con los candidatos para explicarles sus propuestas y aunque los resultados están por verse no cabe duda que este ejercicio marcó un nuevo punto de partida. Pero lo que más me llamo la atención es que dentro del MOCIAM hay uno de los principales transportistas urbanos de la ciudad. ¿Imagina Usted a un líder transportista de Saltillo participando en este tipo de iniciativas ciudadanas? Sinceramente yo no.

Quizás el caso coahuilense que pudiera ser semejante  al CODESIN es el Consejo Estatal de Impuestos sobre Nómina, donde gobierno y algunos sectores toman decisiones consensuadas. Si bien ha dado buenos resultados, su campo de acción esta muy limitado: la aplicación democrática de recursos públicos en obra de infraestructura estratégica.

Coahuila se jacta de tener más de 400 organizaciones civiles, hecho que es benéfico, pero desafortunadamente pocas se orientan hacia la procuración y promoción de iniciativas que conlleven a tener mejores gobiernos municipales y estatal. ¿Es necesario en Saltillo y en Coahuila mecanismos como el CODESIN, MOCIAM y el CIMAP?

La nueva participación ciudadana implica el surgimiento de grupos plurales de ciudadanos que deciden participar en nichos que no han venido siendo abordados por las autoridades ni tampoco por los organismos civiles tradicionales. Con la evolución de nuestra sociedad, vamos descubriendo nuevas áreas de oportunidad que necesariamente requieren ser atendidas.