domingo, noviembre 28, 2004

Los calendarios


Artículo Localeando, El Diario de Coahuila, 28 de noviembre 2004

Conforme pasan los días y surgen por ahí nuevos funcionarios públicos en cualquier nivel y en cualquier parte del país, mi proverbio chino favorito de “dale el poder a un hombre y entonces lo conocerás” se hace presente, ya sea con algún acto cuestionado o con alguna declaración desafortunada.

Y es que la transformación casi mágica que sufren las personas al tener esa herramienta llamada poder, hace borrar por momentos el cúmulo de valores que hayamos aprendido durante nuestra existencia. El proverbio chino me lleva a compararlo con aquel dicho (no se si mexicano) que dice “el dinero cambia a las personas”. Si bien dinero y poder suelen ir acompañados, el origen y la naturaleza de ambos es distinto, así como las consecuencias de su mal uso.

Los malos actos no siempre tienen porque violar la ley, pero si pueden violar algunos principios básicos como la moral y la ética. Un ejemplo claro de ello se observa con los altos sueldos que algunos funcionarios municipales de diversos municipios suelen tener. Si bien el difundir el salario contribuye a la transparencia, el monto del mismo cuestiona los niveles de ética pública que dicho o dichos funcionarios pueden tener.

La semana pasada el delegado de la PROFECO en Coahuila puso en circulación un calendario que muestra su imagen tal cual lo hacen los ciudadanos que ostentan un cargo de poder Ejecutivo; Presidente de la República, Gobernador o Alcalde.

La evolución de la misma política en México ha traído como consecuencia que hoy en día hasta la personalización del Poder Ejecutivo comience a cuestionarse. Imaginemos ahora la personalización de un cargo público administrativo. Si bien el hecho puede atribuirse a un funcionario novato e inexperto, su justificación lo sepulta moralmente hablando y hace ver dentro de él características no muy alentadoras.

Este acontecimiento hace renacer actitudes que durante muchos años su partido ha recriminado, e incluso va más allá al declarar que “yo soy la propia imagen de la Delegación en el Estado".  Al respecto el Delegado olvida varias cosas; las instituciones construyen un reconocimiento de manera colectiva (en estas tareas una sola persona no hace nada) y en base a resultados.

Olvida también que la PROFECO lleva años siendo una de las pocas instituciones públicas con buen grado de credibilidad, además su revista es de las que más tiraje tienen (pregunte Usted en el puesto de revista por el último número y difícilmente la encontrará). Así que la imagen de PROFECO es de PROFECO.

En política lo que aparente es y esto me lleva a navegar en el mar de las interpretaciones, donde puedo concluir que su frase antes citada se asemeja, guardando las proporciones, a la dicha por el Rey Luis XIV; “El Estado soy yo”. El delegado con su acto y después con su declaración comete errores, que aunque no son legales, sí son pilares en la formación de cualquier político o funcionario público. Con su actuación tiene poco que rescatar y mucho que volver a construir.

A los funcionarios les gusta operar en la frontera de la legalidad y de la ética pública dado que en México el marco general así lo permite. Cuando se sobrepasa dicha frontera la naturaleza humana de la justificación florece y en algunos casos se desarrolla. El funcionario federal se justifica diciendo que su acto esta dentro de la ley pero insisto ¿Estará dentro de las fronteras de la ética pública? La frontera de la ética y de las formas de actuar en la política, es decir de aquellas reglas no escritas, es muy delgada y debido a esto muchos cometen el error de traspasarla.

En nuestro país sigue muy arraigada la rancia costumbre de personalizar y apropiarse de los cargos públicos y mientras eso suceda la institucionalización del Estado y del gobierno no podrá ser una realidad. Es precisamente el fortalecimiento de las instituciones lo que puede sacar al país adelante y tal parece que desde nuestras actuales posiciones, aún siendo ciudadanos, contribuimos para que ello no suceda.

El ser funcionario público en México no es fácil, y los vicios que actualmente prevalecen dentro del ambiente burocrático federal, estatal y municipal suelen contagiar a los recién llegados, más cuando estos últimos tienen al final de sus prioridades el cumplir cabalmente con sus responsabilidades de ser buenos funcionarios públicos. El siguiente puesto más alto resulta demasiado tentativo y con ceguera desenfrenada solemos ir por él.

De aquí la urgente necesidad de que la ley del servicio público de carrera en el gobierno federal tenga éxito, de que el servicio civil en los gobiernos estatales pase de las palabras a los hechos y de que un sistema de recursos humanos profesional en los gobiernos municipales comience  a desarrollarse y establecerse.

El actual estado del arte de la burocracia mexicana hace incomprensible para sus integrantes aquella frase religiosa acomodada que dice; “ciudadano eres y en ciudadano te has de convertir”. La obligación principal es entonces no ser el eslabón más débil de la cadena de la institucionalidad pero ¿Cómo no serlo en un sistema de recursos humanos cuyo diseño promueve precisamente lo contrario?

Yo no sé cuales sean las metas personales del actual Delegado de la PROFECO pero si pretende darse a conocer entre el electorado con la finalidad de irse posicionando para un eventual lanzamiento de alguna candidatura, entonces hay muchos caminos por los cuales se puede transitar, siendo el principal el de los resultados.

Al principio de su gestión el Delegado creo una imagen alentadora con sus acciones de verificación de gasolineras, donde incluso tocó a un pariente suyo, pero desgraciadamente dicha imagen fue desvaneciéndose; primero con sus comités de defensa del consumidor y ahora con los calendarios.

Reconstruir una imagen pública, por más pequeña que esta sea, es mucho más complicado que construirla. Una vez cometido un error difícilmente dejas de llevarlo en la frente, sobretodo hoy en día, donde la sensibilidad social para con este tipo de actos comienza a desarrollarse y a tornarse más frecuente. El hecho desilusiona hondamente porque proviene de un actor perteneciente a una nueva generación de funcionarios/políticos. Esto nos muestra que la meta que perseguimos como país sigue estando todavía muy lejos.

domingo, noviembre 21, 2004

Los bonos y la siguiente etapa


Artículo Localeando, El Diario de Coahuila, 21 de noviembre 2004

Es casi un hecho que el tema de los bonos a los regidores vuelva a convertirse en tema de discusión en los próximos días. Y en realidad el hecho de que se dé es un claro indicio de que las cosas van caminando. Años atrás, el sigilo y el disfrazamiento de pagos era una constante.

Pero si bien se ha dado un paso adelante para transparentar todo ello, el camino aún es largo; para llegar a su eliminación se requerirá mucho más que meras declaraciones y recriminaciones de las cámaras empresariales y de los grupos civiles enfocados al ámbito municipal como Alianza Cívica. Se requieren de nuevos actos de coordinación y de presión para hacerle ver al Cabildo que, de ahora en adelante, la tolerancia hacia los bonos ha terminado.

La clase política local ha desarrollado una especie de inmunidad cargada con justificación que permite resbalar toda clase de critica sobre los bonos. La ya trillada frase de que “el regidor trabaja duro y además cuando deja su cargo se le complica encontrar un nuevo trabajo” debe ser desechada y ser causante de vergüenza por quien la dice. Pero, ¿cómo hacer para que ello suceda?

Saltillo es una ciudad que siempre ha carecido de la movilización de la masa pública. La construcción de opinión crítica ante hechos del gobierno municipal sigue quedando rezagada en comparación con otras ciudades. Las declaraciones de los mismos de siempre da a pensar a los políticos que sólo son unos cuantos quienes se quejan y que por lo tanto no es representativo del total de la sociedad. He aquí la principal arma para seguir haciendo de las suyas. Los mismos de siempre requieren de más apoyo o bien de nuevas estrategias.

Cuando la sociedad presenta un índice mínimo de desarrollo (como Saltillo) con el cual se pueda hacer frente a las necesidades básicas (seguridad, servicios públicos, entretenimiento, educación, entre otros) se torna complicada la generación de opinión crítica para con los gobernantes.

La mayoría parece conformarse con su situación actual cuando es evidente que hay más etapas por alcanzar dentro de la evolución de la sociedad saltillense. El cuestionamiento para la clase gobernante, aún cuando ésta lleve a cabo actos que pasan la frontera de la ética e incluso de lo legal, se torna débil y sin constancia. Ya no se trata de exigir a las autoridades correspondientes que se deben tener elecciones confiables, ahora el enfoque debe estar en la exigencia de un comportamiento adecuado de los gobernantes y de un desempeño eficiente.

El perfeccionamiento del gobierno, en este caso el municipal, debe ser el siguiente reto que debemos atender como sociedad pero tal parece que la energía por el momento no nos alcanza para ello. Lo electoral nos cansó y una ley estatal de transparencia nos tiene satisfechos. El caso de los bonos embona perfectamente en lo antes señalado. Su presencia parece no causar ninguna reacción en muchos sectores aún cuando todo mundo lo condena.

El gobierno municipal en México, y Saltillo no es la excepción, tiene muchos retos por atender y la sociedad civil puede ser un gran impulsor para que se vayan atendiendo. La todavía añeja cultura de “apropiación” del gobierno por quien gana las elecciones hace que hoy en día un gran numero de los retos estén “secuestrados” por las mismas autoridades y en el mejor de los casos son sólo atendidos por otros sectores como el académico.

Es necesario que la sociedad tenga una participación activa en temas como la transparencia (la ley no es suficiente), la revisión y rendición de cuentas, perfiles de funcionarios, profesionalización de niveles medios e inferiores y presupuestación, entre otros.

Para darse una idea de los muchos huecos que la sociedad debe todavía cubrir con relación a su gobierno  señalo a manera de pregunta algunas de ellas; ¿Cuántos resultados de auditorias internas a los gobiernos locales se hacen públicos en primera instancia por diseño de sistema? ¿Cuántas Comisiones de Hacienda de los Cabildos mexicanos deliberan de cara a la sociedad?

Más preguntas: ¿Qué rol  juega la ciudadanía en la definición de perfiles (no de personas) para los funcionarios de primer nivel del gobierno municipal? ¿Cómo es el desempeño del gobierno por ejemplo en la recolección de basura comparado con el municipio vecino y cuánto nos cuesta?

En otras palabras, la sociedad requiere enfocar mayores esfuerzos que incidan en lo interno del gobierno; habilidades, capacidades, manejos, actitudes, reordenamiento institucional, etcétera; y no exclusivamente en lo externo (políticas, programas, mecanismos, espacios), ya que si es de ésta manera lo último presentará siempre déficit si lo primero (el gobierno) no está debidamente amalgamado y estructurado.

Bajo las condiciones y la estructura gubernamental actuales, los bonos seguirán apareciendo en la historia de Saltillo sin importar que partido gobierne, al menos que se aglutine voluntad de los regidores junto con la presión social. La permanente eliminación de los bonos requiere de su reglamentación; si no es de esta forma entonces nada garantiza que ya no existirán.

No se trata de criticar a los actuales regidores, se trata de fortalecer al Cabildo cuya responsabilidad es guiar a la sociedad. Los hoy regidores hace poco eran ciudadanos y en ciudadanos se han de convertir en aproximadamente 400 días ¿Porqué no seguir colocando piedras que contribuyen a fortalecer al gobierno y a generar confianza entre la sociedad?

Si la entrega de bonos no causa remordimiento entre los que lo reciben, sí causará un severo daño cultural a la sociedad. El mensaje de “el que acceda al gobierno municipal podrá cobrar jugosos bonos” será el principal pasaporte para que cualquier clase de político gobierne en la ciudad.


Glosa: La agrupación Colimenses por una Mejor Administración Pública (COLIMAP) recién acaba de ser formada. Esta iniciativa ubicada en el Estado de Colima busca precisamente coadyuvar en el fortalecimiento del gobierno para que pueda atender de una mejor manera a la sociedad junto con sus retos. Los integrantes de COLIMAP provienen de diversas organizaciones empresariales y civiles con programas e intereses propios, pero que convergen en espacios comunes llenos de retos colectivos por enfrentar y con nichos por atender.

domingo, noviembre 14, 2004

Transporte urbano; el “coco” de Saltillo y de... GM


Artículo Localeando, El Diario de Coahuila, 14 de noviembre 2004

Si bien el Estado-Nación como tal, es decir el país, es la carta de presentación ante los inversionistas, las ciudades (como Saltillo) son las que realmente se encargan de materializar el ofrecimiento realizado por los gobiernos nacionales mediante la proveeduría de los servicios necesarios para, primero, poder operar adecuadamente y después ser competitivos. Bajo esta lógica me surge la siguiente pregunta ¿El servicio de transporte publico cumple con su parte para que la región sureste de Coahuila pueda ser competitiva?

Un sistema de transporte deficiente no sólo afecta a quienes hacen uso de él. Afecta también a automovilistas, a transeúntes y a la economía de la ciudad. Según el Programa SINDES (Sistema de Indicadores de Desempeño) que coordinan AMMAC  e ICMA, el porcentaje de accidentes viales en municipios y en los que participa el transporte publico fue de  19.45% en 2003. 

La cifra por sí sola nos dice poco pero pensemos en lo que hay detrás de ella; lesionados, muertos, daños materiales, distracción de policías para atender accidentes, trámites por infracciones, ausencias laborales, retardos, etcétera, todo mermando la capacidad  y la competitividad de una ciudad para progresar. Y esto es si consideramos únicamente el rubro de accidentes.

El gasto que realiza General Motors (GM) por concepto del servicio de transporte para sus trabajadores es un subsidio que la compañía da a la región sureste de Coahuila ya que si se tuviera un buen servicio no habría necesidad de ello. Bajo esta situación se encuentran no solo la armadora sino otras decenas más de empresas ¿Será el comienzo del fin de éste subsidio a la inversa?

Si bien hace algunos años este gasto no era tomado en cuenta entre las empresas para decidir una inversión, ahora con la exigencia por reducir costos debido a la fuerte competencia mundial, cualquier ahorro es bienvenido. La competitividad hace que las empresas puedan sobrevivir. Sin ella, es como nadar en medio del mar sin un salvavidas y GM necesita hoy más que nunca de un salvavidas bien inflado que le permita salir de la situación por la que vive a nivel global.

El transporte público de la región tiene ante sí un reto por demás evidente; mejorar su servicio y ampliar algunas de sus rutas hasta hoy municipales para convertirlas en intermunicipales, so pena de que las empresas establecidas decidan reflexionar sobre este subsidio que ofrecen al gobierno. Si el país tiene sus reformas estructurales pendientes, Saltillo tiene las suyas y una de estas es el sistema de transporte.

Las autoridades municipales de los tres municipios (principalmente las de Saltillo) requieren de tomar acciones, pero no solo en ellos recae la responsabilidad total, también los concesionarios tienen mucho que hacer al respecto. En los despidos que GM esta llevando a cabo existe un porcentaje de culpa que le compete a Saltillo como ciudad, a las autoridades y a los concesionarios.

Al igual que la CROC, la CTM tiene numerosos afiliados que prestan servicios de transporte urbano y si bien es justo reconocer que algunos de ellos han hecho esfuerzos para mejorar las unidades, también es cierto que en múltiples ocasiones se han negado a la reforma del sistema de transporte urbano y que hoy urge realizar. No solo se trata de poner camiones nuevos. Los intereses de los concesionarios han sido mucho más poderosos que el interés de la ciudadanía, además de que ésta última ha carecido de la habilidad suficiente para hacerse escuchar.

El camino más fácil para GM en este momento es el de eliminar la prestación de transporte a sus trabajadores y dejar de subsidiar al gobierno pero si bien resolvería su problema de sobre-costos (al menos en este rubro) quizás de origen a otros más; el ausentismo y la alteración de su ambiente laboral.

Está más que comprobado que el trabajador que requiere de largos tiempos para transportarse (ya sea por su lejanía del hogar o por el exceso de tráfico) su rendimiento disminuye considerablemente, impactando en la competitividad de la empresa. El servicio de transporte publico que actualmente se ofrece deja de estar a la altura requerida.

Hay una situación que genera un problema adicional en todo este asunto, y ese es el doble rol que los sindicatos juegan; por un lado defender la estabilidad laboral de sus trabajadores (que hoy esta amenazada por deficiente sistema de transporte) y por el otro defender a los concesionarios que están afiliados a ellos y cuyas deficiencias impactan a los primeros. ¿A quien atender y en que orden?

En otras ciudades del mundo desarrollado los sindicatos no enfrentan un conflicto de interés porque solo se enfocan en defender las causas de sus sindicalizados; siendo uno de ellas el tener un sistema de transporte publico eficiente. Si las condiciones de empleo empeoran en GM, entonces la CTM y la CROC deberán, en algún momento determinado, decidir a quien representar y por lo tanto defender; ya sea a las decenas de miles de trabajadores o a unos cientos de concesionarios.

Ambos sindicatos ya dieron una muestra a nivel nacional: aprobaron la reforma al IMSS porque sabían que de no concretarse, sus afiliados iban a enfrentar problemas con sus prestaciones médicas. La unidad sindicalista con sus colegas del sindicato del IMSS quedo para otras ocasiones ¿Cómo actuaran en la zona sureste del Estado?

La semana pasada el Secretario de la CTM en Coahuila, Tereso Medina, declaró lo siguiente a un periódico de la localidad;  “Sin duda que algún día, no se cuando, nos traerá a todos la necesidad de urbanizar y ampliar las redes del transporte querámoslo o no”, expresó, “lo digo con esa responsabilidad, porque los trabajadores necesitan el transporte y las empresas requieren ser competitivas y tenemos que entrar a ver la forma”.

Esta declaración es una muestra clara de que defender a dos entes (trabajadores y concesionarios) no es conveniente. Tarde o temprano la incongruencia se hace evidente. Lástima que ésta actitud se dé cuando las empresas comienzan a tomar decisiones drásticas.

Según Robert D. Kaplan las sociedades más prosperas suelen emplear dinero y esfuerzo en mejorar sus puntos débiles. Si la región quiere ser prospera entonces tiene un flanco débil que debe cubrir ya.

domingo, noviembre 07, 2004

Nuevos nichos para la participación ciudadana a nivel local


Artículo Localeando, El Diario de Coahuila, 7 de noviembre 2004

América Latina lleva al menos dos décadas tratando incansablemente de ubicar los mejores elementos políticos, jurídicos, sociales y económicos que le permitan adecuar el rumbo para generar sociedades armónicas. Durante diferentes momentos los dos actores principales, gobierno y sociedad, han batallado para encontrar los lugares idóneos para cumplir su rol.

Una vista retrospectiva en el tiempo nos muestra como en la década de los 80’s la sociedad comenzaba a desatar los fuertes lazos de control que los gobiernos de la región mantenían sobre sus gobernados. Uno a uno los gobiernos militares, autoritarios y dictaduras fueron derrumbándose para dar paso a uno democrático pero escaso de experiencia. El papel de la escasa ciudadanía organizada consistía principalmente en la lucha por las libertades políticas. El férreo centralismo en la zona inhibía el desarrollo de cualquier manifestación local.

Los 90’s por su parte nos muestra como los gobiernos, tratando de aprovechar una globalización que se hacia cada día más evidente, emprenden reformas económicas muy apegadas a las leyes del mercado. La sociedad por su parte luchaba por perfeccionar la aún endeble y nueva libertad política alcanzada e iba colocando, a veces a contracorriente de los deseos gubernamentales, ladrillos democráticos que más tarde se convertirían en columnas de la democracia. Era el tiempo también del nacimiento de numerosas organizaciones ciudadanas que luchaban por mayores libertades civiles y el respeto de los derechos humanos.

El inicio del siglo XXI nos muestra ahora que el mantenimiento y perfeccionamiento de las sociedades (incluyendo sus gobiernos) es mucho más complejo. Conforme estas evolucionan, nuevos factores disciplinarios (económicos, sociales, políticos, etcétera) se hacen presentes y las influencias se distribuyen a través de una serie de vasos comunicantes. También hacen uso de presencia nuevos conceptos, como el de la gobernanza , que invita a una responsabilidad compartida del ejercicio del gobierno, es decir, donde las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado tienen roles que jugar.

Sobre esto último y para tener mayores elementos de comprensión, la Conferencia Mundial sobre Gobernanza “Del Gobierno a la Gobernanza; Hacia el siglo XXI”, realizada en 1999 y organizada por el PNUD, propuso “reexaminar la idea convencional de que la gobernanza es el campo exclusivo del gobierno” y “fomentar la reformulación que indica que la gobernanza incluye a todos los organismos del Estado, la sociedad civil y el sector privado”.
La importancia de lo anterior radica en el hecho de que la participación de los actores ajenos al gobierno debe darse sin regateo, lo que implica hacer un sacrificio mayor en aras de llegar a la gobernanza. Ya no basta solamente con participar en la integración de consejos ciudadanos (que muchos de ellos presentan desafíos de operación y composición enormes) o mantener buenas relaciones con el gobierno, ahora hay que adentrarse en la operación y diseño institucional del aparato gubernamental.

A inicios del siglo XXI las organizaciones civiles consolidan su presencia en diferentes rubros (altruismo, derechos humanos, equidad de género, política, electoral, seguimiento a gobiernos nacionales y regionales, desarrollo de proyectos productivos, entre otros) pero se niegan a descubrir nuevos horizontes o nichos en los cuales también se puede incidir (nichos de incidencia) y me refiero a los relacionados con el reordenamiento, operación y consolidación de las instituciones gubernamentales del ámbito local. En otras palabras, hacer efectiva la gobernanza a nivel local.

Las formas para abordar este nicho aun virgen son diversas, es más, pudieran agruparse en; a) frontales (aquellas que exigen y solicitan acciones desde afuera de las instituciones, es decir se trata de una incidencia externa) y b) acompañadas (aquellas que trabajan junto a las instituciones, es decir incidencias internas o suaves, dado que acompañan en el proceso).

El trabajo vinculado entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno local para reconstruir la estructura y operación gubernamental del mismo gobierno local (valga la redundancia), puede realizarse de forma frontal o bien acompañada (ambas con ventajas y desventajas) pero desde mi punto de vista el inicio debe ser utilizando la segunda forma (acompañada). El beneficio de la duda al gobierno local debe prevalecer para no polarizar posiciones entre ambos actores.

Precisamente en lo anterior es donde se genera el punto de quiebre y es donde se ubica el nuevo nicho de incidencia ciudadana; enfrentar de forma “acompañada” con las autoridades locales problemas y retos puntuales que padece el gobierno local tales como transparencia, revisión y rendición de cuentas, perfiles de funcionarios de primer nivel, profesionalización de niveles medios e inferiores, asuntos ambientales, presupuestación, diseño institucional, medición del desempeño, entre otros, y que hoy están “secuestrados” por el mismo gobierno.

Hasta el momento este nicho de incidencia local ha sido “atacado” por organizaciones privadas con fines de lucro que, al asesorar a los gobiernos, dan como resultado soluciones “privadas”, es decir, solo se conocen por ambas partes pero cuyos efectos impactan a la sociedad en su conjunto ¿Cuántos resultados de auditorias internas a los gobiernos locales en México se hacen públicos en primera instancia por diseño de sistema? Prácticamente ninguno. Se hacen del conocimiento publico cuando la presión social es inaguantable.

Otra pregunta al respecto ¿Cuántos Comisiones de Hacienda de los Cabildos mexicanos deliberan de cara a la sociedad?, ¿Qué rol  juega la ciudadanía en la definición de perfiles (no de personas) para los funcionarios de primer nivel del gobierno municipal?, ¿Cómo es el desempeño del gobierno en tal función? o ¿Cuánto cuesta el proveer a la ciudadanía de un determinado servicio?

Como estas preguntas hay muchas más que escasean de respuestas, pero sin duda pronto las encontraremos dada la evolución que presenta la participación ciudadana y la aplicación del concepto de la gobernanza.