Localeando,
29 de Agosto de 2013
Jaime
Villasana Dávila
Hace casi dos
años y medio, en pleno auge de un Moreirismo que ya comenzaba a mostrar
fisuras, escribí el artículo “Coahuila;
transparencia y conformismo social”. En el mismo hice referencia a una nota
publicada por Vanguardia titulada “ICAI, mal y de malas en Coahuila” (250211).
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| Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI); tan devaluado como el antiguo peso mexicano. |
Dicha nota
describía que un respetable estudio ubicó a
“Coahuila, en lo general… en el lugar número 25 en el tema de acceso a la
información” y al ICAI en último lugar.
Señalé en mi columna
de entonces que encontrar la razón quizá más importante de esos vergonzantes
lugares no era complicado; cuatro de cinco Consejeros del ICAI eran ex
–funcionarios del gobierno estatal, con cargos en la oficina del gobernador, Sría.
de Gobierno y de la entonces PGJ.
Añadí en la nota
que con tales Consejeros profundamente ligados al gobierno estatal difícilmente
mejoraríamos en los rankings de transparencia, pues nadie en su sano juicio puede
afirmar que un Consejo conformado así pudiera cumplir con sus
responsabilidades. Mencioné que la culpa no era toda de los Consejeros, era también
de quien los propuso (gobierno estatal), puso ahí (Congreso estatal) y toleró
su nombramiento (ciudadanos).
Esa generación
de Consejeros quedó marcada de por vida pues fue durante su gestión que la
infame deuda de Coahuila se gestó. Ciertamente es muy injusto cargarles la
culpa por la deuda, pero si es justo decir que no tomaron acciones ante la
negativa reiterada del entonces gobierno estatal por brindar información real y
fidedigna sobre el tema (alegaron que la ley no les permitió hacer más).
Pero el motivo
principal de porqué recupero mi añejo artículo es debido a otro
artículo que el mismo periódico Vanguardia publicó el martes pasado
revelando que “sólo 5 de 38 alcaldías publica en Internet su situación
financiera actualizada, como obliga la ley”.
Ante dicha nota
la Presidente Consejero del ICAI respondió que si no hay denuncia la
institución que preside no puede castigar a los ayuntamientos incumplidos. Sin
duda una lamentable respuesta ante un marco jurídico que define con claridad el
procedimiento a seguir cuando algo así ocurre.
Y nuevamente tal
opacidad no debe sorprender. Todavía cuatro
de los cinco Consejeros del ICAI tuvieron fuertes vínculos con el gobierno
estatal al haber trabajado en él u organismos públicos locales.
Cuando el actual
gobierno sexenal inició escribí que sería muy positivo que se renovara el
Consejo del ICAI. Que si quería romper de tajo con todo vínculo con el gobierno
anterior y recuperar confianza ciudadana, éste era un paso crucial.
No fue así y por
eso la transparencia sigue estancada. Pero le queda todavía tiempo.
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