jueves, agosto 29, 2013

Coahuila; transparencia estancada

Localeando, 29 de Agosto de 2013
Jaime Villasana Dávila

Hace casi dos años y medio, en pleno auge de un Moreirismo que ya comenzaba a mostrar fisuras, escribí el artículo “Coahuila; transparencia y conformismo social”. En el mismo hice referencia a una nota publicada por Vanguardia titulada “ICAI, mal y de malas en Coahuila” (250211).
Instituto Coahuilense de Acceso a
la Información Pública (ICAI);
tan devaluado como el antiguo
peso mexicano.

Dicha nota describía que un respetable estudio ubicó a “Coahuila, en lo general… en el lugar número 25 en el tema de acceso a la información” y al ICAI en último lugar.

Señalé en mi columna de entonces que encontrar la razón quizá más importante de esos vergonzantes lugares no era complicado; cuatro de cinco Consejeros del ICAI eran ex –funcionarios del gobierno estatal, con cargos en la oficina del gobernador, Sría. de Gobierno y de la entonces PGJ.

Añadí en la nota que con tales Consejeros profundamente ligados al gobierno estatal difícilmente mejoraríamos en los rankings de transparencia, pues nadie en su sano juicio puede afirmar que un Consejo conformado así pudiera cumplir con sus responsabilidades. Mencioné que la culpa no era toda de los Consejeros, era también de quien los propuso (gobierno estatal), puso ahí (Congreso estatal) y toleró su nombramiento (ciudadanos).

Esa generación de Consejeros quedó marcada de por vida pues fue durante su gestión que la infame deuda de Coahuila se gestó. Ciertamente es muy injusto cargarles la culpa por la deuda, pero si es justo decir que no tomaron acciones ante la negativa reiterada del entonces gobierno estatal por brindar información real y fidedigna sobre el tema (alegaron que la ley no les permitió hacer más).

Pero el motivo principal de porqué recupero mi añejo artículo es debido a otro artículo que el mismo periódico Vanguardia publicó el martes pasado revelando que “sólo 5 de 38 alcaldías publica en Internet su situación financiera actualizada, como obliga la ley”.

Ante dicha nota la Presidente Consejero del ICAI respondió que si no hay denuncia la institución que preside no puede castigar a los ayuntamientos incumplidos. Sin duda una lamentable respuesta ante un marco jurídico que define con claridad el procedimiento a seguir cuando algo así ocurre.

Y nuevamente tal opacidad no debe sorprender. Todavía cuatro de los cinco Consejeros del ICAI tuvieron fuertes vínculos con el gobierno estatal al haber trabajado en él u organismos públicos locales.

Cuando el actual gobierno sexenal inició escribí que sería muy positivo que se renovara el Consejo del ICAI. Que si quería romper de tajo con todo vínculo con el gobierno anterior y recuperar confianza ciudadana, éste era un paso crucial.


No fue así y por eso la transparencia sigue estancada. Pero le queda todavía tiempo.

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