sábado, enero 16, 2016

¿Qué le pasó a Coahuila?

Artículo publicado originalmente en la revista Milenio Semanal el 4 de septiembre, 2011
¿Qué le pasó a Coahuila?
Pese a que fue un gobernador exitoso por sus obras y programas, Humberto Moreira enfrenta hoy múltiples críticas por la gran deuda en que dejó sumido a su estado: las cuentas no cuadran.
        2011-09-04 | Milenio Semanal, por Jaime Villasana Dávila
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Humberto Moreira al asumir la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en marzo pasado. Foto: Saúl López/ Cuartoscuro
Con una deuda de casi 34 mil millones de pesos, una cifra mayor a su presupuesto anual de 2011 —que ronda los 31 mil 165 millones—, financieramente hablando Coahuila está de rodillas, pero no quebrada (por ahora). El panorama luce cuesta arriba con el bajón que Fitch y Standard & Poor’s dieron a las calificaciones de la deuda estatal, dado que la tasa de interés por los nuevos créditos a contratar para refinanciarla será más alta.
Pero a las finanzas hay que catalogarlas en el rubro de los efectos y no en el de las causas, pues éstas las encontramos en los ámbitos político y social. Es en éstos donde se define el rumbo que toma una sociedad y la forma en que los recursos se invierten. Si en tales ámbitos los equilibrios son débiles o son no existentes, los efectos generalmente no serán los esperados.
ANTES DE MOREIRA
Humberto Moreira Valdés recibió a finales de 2005 un estado con su tradicional equilibrio de sectores tanto regionales como sociopolíticos. Las expresiones regionales estaban presentes: entre sus principales factores destacaban los laguneros, quienes mantenían su posición de balanceadores, el peso político del Partido Acción Nacional (PAN) en la región, la poderosa iniciativa privada lagunera y un movimiento civil activo con raíces que datan del reparto agrario en el sexenio de Lázaro Cárdenas.
En el centro y norte del estado el poder político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) era incuestionable, pero estaba en manos de actores locales. La excepción era el municipio de Acuña, casa de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), uno de los partidos locales más longevos del país, fundado en 1983 por Evaristo Pérez Arreola, miembro fundador del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sector económico, comerciantes y mineros mostraban su poder cuando así se ameritaba.
En el sureste, donde se ubica Saltillo, el anterior gobernador, Enrique Martínez y Martínez, al ser político y empresario, fungía como un puente entre ambos sectores locales. Los hermanos Javier e Isidro López del Bosque —entonces con vida—, del Grupo Industrial Saltillo (GIS), mantenían su característico rol de líderes y vocales de la iniciativa privada; pero el sector civil saltillense, a diferencia de La Laguna, nunca ha sido factor pues su organización es débil y concentrada en el altruismo y no en movimientos civiles, un comportamiento clásico de una sociedad conservadora. El sector obrero-sindical alineado a la Confederación de Trabajadores de México y a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos vivía de las viejas glorias de los años setenta y se mantenía poderoso y conforme debido al buen desempeño económico del estado gracias al Tratado de Libre Comercio.
En cuanto a los medios de comunicación locales, su alineación al oficialismo era el de siempre, aunque había sus excepciones, principalmente en la prensa y en La Laguna; en Saltillo, el periódico Palabra, del Grupo Reforma, era uno de ésos: el priismo lo llamaba “Panhabla”. Otro dos grupos de poder a mencionar son, por una parte, los internos del PRI y, por la otra, el académico-estudiantil. De este último poco es de citarse. A diferencia de algunos estados, su participación se limitaba al tema de las tarifas del transporte colectivo, las cuales al final terminaban negociándose. La Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), por su parte, mantenía su fidelidad al gobierno en turno, salvo a principios de los años ochenta, cuando debido a una elección de rector cuestionada un grupo de disidentes marchó a la Ciudad de México.
Respecto a la vida interna del PRI coahuilense, si bien disciplinada, tenía grupos políticos y por lo tanto pluralidad, lo cual se traducía en equilibrios. La muestra de esto lo fue la elección en 2005 del candidato a gobernador priista, en la cual contendieron tres candidatos principales: Humberto Moreira, alcalde de Saltillo en el periodo 2003-2005; el lagunero Raúl Sifuentes Guerrero, secretario de Gobierno en el sexenio martinista, y Jesús María Ramón, empresario de Piedras Negras y entonces diputado federal. A éstos habían de sumarse los grupos del lagunero Javier Guerrero García y del saltillense Alejandro Gutiérrez, también precandidatos. Tres regiones y diversos grupos políticos priistas que se contrabalanceaban.

EL GOBERNADOR VALIENTE
Humbero Moreira fue el ganador de la ríspida contienda interna priista y, luego, de la electoral por goleada. Comenzó su gobierno de manera normal, sin sobresaltos y apelando a la unidad coahuilense, pero también a la priista. En su gabinete inicial privilegió los equilibrios al mantener a funcionarios de la anterior administración y obviamente incluyendo algunos de su grupo político, entre ellos a su hermano mayor, Rubén, quien ocupó el cargo de subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobierno de 2005 a 2007.
Pero a las pocas semanas el escenario cambió, y no por motivos políticos sino de seguridad pública. El jueves nueve de febrero de 2006 aconteció en Saltillo un narcosecuestro que marcaría el resto del sexenio. Los plagiados fueron liberados y los secuestradores detenidos; envalentonado el gobernador por el logro policiaco, ese mismo día declaró ante los medios: “Lo que necesitamos no son aspirinas, sino un respaldo de ‘a deveras’, o también que se nos diga y asumimos una posición distinta, desde el tema hacendario que tenemos que revisar, ya basta que nos den migajas y estemos pidiendo”. Dos días más tarde, el sábado 11, el comandante operativo de la policía del estado, Gaspar Ramos Sánchez, La Barbie, fue baleado durante la madrugada mientras desayunaba en un restaurante de Saltillo, a escasas cinco cuadras de donde el jueves anterior la policía había detenido a los siete presuntos narcosecuestradores.
A raíz de ese hecho, el gobernador declaró: “Que no nos provoquen porque podemos generar un conflicto de una mayor dimensión para el gobierno federal en caso de no tener la respuesta; no vamos a estar implorando que nos ayuden en cada acontecimiento... queremos que se nos respete como estado y se nos dé el respaldo que necesitamos”. El discurso parecía meramente mediático para salir al paso de la situación, mas no fue así. Un nuevo gobernador había nacido.
Inició allí el eterno y violento pleito discursivo con el gobierno federal, entonces foxista y luego calderonista, mientras que al parecer el equilibrio entre las fuerzas del crimen organizado se rompía. Tragedias como la ocurrida en la mina Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006, más las torpezas políticas del gobierno federal avivaron los desencuentros. Moreira hizo del federalismo su bandera de lucha contra el Poder Ejecutivo federal, aun cuando jamás presentara una propuesta formal. Su beligerante discurso llegó al extremo de calificar a Coahuila como el único estado “independiente del país”, generando con ello un llamado del empresariado coahuilense a moderarse. ¿Su respuesta? “No voy a modificar porque un grupito quiere que me vaya de ‘limpia botas’ del Presidente” (agosto de 2006)”.
Su discurso desordenado y agresivo, construido por los hechos cotidianos y no por una visión, lo trasladó también a su programa de gobierno, enfocado en obras viales y programas sociales muy generosos, pero cuya sustentabilidad financiera era cuestionable. De repente, Coahuila y su gobierno tenían de todo y para todos: desde farmacias con medicinas subsidiadas hasta zapatos gratis para los estudiantes, pasando por guarderías casi gratuitas. Al final de su estancia como gobernador en diciembre de 2010 y con niveles de aprobación históricos, pretendió repartir computadoras laptop a maestros y estudiantes, pero para entonces las finanzas estatales no daban para más.

El gobernador Humberto Moreira enlaza sus manos con familiares de los mineros de Pasta de Conchos para hacer una oración por éstos en 2006. Foto: Tony Ruiz/ AP

LA PÉRDIDA DE LOS EQUILIBRIOS
Conforme Moreira se afianzaba en el poder y mantenía su pleito con el gobierno federal, los movimientos políticos locales fueron avivándose. Su gabinete fue integrándose al ciento por ciento con personas de su círculo cercano. A la presidencia del PRI estatal llegó su hermano en 2007, quien ejerció un control férreo pero bien organizado. Un caso destacado del reacomodo fue la salida, en enero de 2007, del secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, un personaje con amplia historia pública en el estado, respetado priista pero ciertamente no parte de los moreiristas. Los montemayoristas y martinistas fueron exiliados o algunos cambiaron de bando.
A nivel gubernamental y con claros fines políticos, Moreira creó a principios de 2007 la Secretaría de Desarrollo Regional en La Laguna, como un acicate para el gobierno municipal encabezado por el panista José Ángel Pérez (2007-2010), hoy acusado por la Auditoria Superior del estado de desviaciones por 53 millones. En 2007 el rector saliente de la UAC, Jesús Ochoa Galindo, se incorporó al gobierno estatal en un cargo creado ex profeso, y Homero Ramos Gloria, consejero presidente del Instituto Electoral local, dejó su cargo para ser nombrado secretario de Gobierno en sustitución de Óscar Pimentel González. El manto alcanzaba para cubrir a todos.
El PAN de Coahuila facilitó, con su división interna y un programa político poco atractivo, el desbalance del poder político, el cual inició su clímax con el avasallante triunfo priista en las elecciones de diputados en 2008 (ganó todos los distritos) y las municipales de 2009 (obtuvo 34 de 38 alcaldías, incluidos Torreón y Saltillo). Dichos triunfos terminaron por alinear a los escasos disidentes priistas, y para antes de las elecciones de gobernador y diputados en 2010, el moreirismo no enfrentó rivalidad interna alguna. A todo lo anterior se le añadió un intenso programa de inversión favorecedor, y no quedó nada que criticarle al gobierno, llegaron a decir algunos.
El primero de mayo de 2008 falleció Isidro López del Bosque, quien, junto con su hermano Javier, administró al GIS y fue uno de los líderes del empresariado coahuilense, por lo que éste se quedó sin una de sus cabezas históricas. Entonces la iniciativa privada lagunera se partió en dos bandos: por una parte la sección Laguna de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), regionalista y crítica del gobierno, junto con el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), y por la otra el Grupo Empresarial Lagunero (GEL), alineado con el gobierno, cuya más reciente demostración fue el pasado 11 de agosto cuando sus líderes se reunieron con el gobernador electo, Rubén Moreira. En dicha reunión no le recriminaron la monumental deuda: “No tomamos ese tema. No queríamos abrumarlo. Queremos irnos poco a poco respecto a la deuda”, señaló Michelle Taboada Barragán, presidenta y vocera del organismo. La iniciativa privada, tanto la saltillense como la lagunera, había dejado de ser un equilibrador. El resto de los sectores y casi toda la sociedad habían caído igual de enamorados por el espectacular programa de inversión y programas sociales moreiristas, sin saber que con el tiempo se convertirían involuntariamente en cómplices y corresponsables de la situación financiera actual. La academia y el sector estudiantil mantuvieron su actitud pasiva de siempre. El sector social también fue conquistado y siguió enfocado más en el altruismo que al análisis de la realidad colectiva, a pesar de la mala educación impartida en el estado.
Las voces locales críticas habían sido silenciadas, bloqueadas o autocensuradas. El periódico Palabra, cortado de toda publicidad gubernamental, vió cómo se desvanecía su viabilidad financiera. Su publicación, iniciada en 1997, cesó en diciembre de 2008. El único opositor restante con verdadero peso mediático fue el obispo de Saltillo, Raúl Vera, siempre visto con desdén por los poderes económicos y políticos desde su llegada en el año 2000.
Las instituciones como el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) fueron ocupadas por ex funcionarios del gobierno estatal o priistas. El Sistema de Administración Tributaria de Coahuila (Satec), creado en 2010 y hoy en el ojo del hurácan debido al desastre financiero ocasionado por su ex titular, Javier Villareal, fue una buena idea rápidamente prostituida, para muchos desde su nacimiento: su intención de replicar al SAT federal y profesionalizar el cobro de impuestos y su administración nunca se hizo realidad. El Poder Judicial mantuvo su apego al gobernador y se mostró reacio a acelerar las reformas judiciales (los juicios orales, por ejemplo). La Legislatura estatal, avasallada por el priismo, fue (y es) sólo una figura decorativa.

DEL GOBIERNO DE LA GENTE A LA DEUDA DE LA GENTE
El gobierno de Humberto Moreira tuvo logros. El programa de obras y servicios públicos fue impresionante y desmitificó la figura del gobernador ante la gente. El estado mantuvo sus altos índices de competitividad e inversión. Además, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, fue de las pocas entidades que disminuyó su pobreza en los últimos años. Tras obtener su licencia del cargo el pasado enero, Moreira fue considerado como uno de los gobernadores más exitosos y como posible “Plan B” del priismo nacional en caso de una debacle de Enrique Peña Nieto.
Pero agosto pasado resultó ser el mes cuando su legado se desmoronó. El desdén por los más elementales principios de la democracia, como la transparencia, el mantenimiento de equilibrio de poderes públicos y políticos, la tolerancia a las críticas, el manejo responsable de las finanzas y el respeto por las instituciones, le vino a cobrar factura, lo que dejó un alto costo para el estado: los 34 mil millones que ahora adeuda y que serán pagaderos en un plazo de hasta 30 largos y dolorosos años. El costo será aún mayor si la sociedad no se regenera y reconstruye los equilibrios destruidos.

El ex gobernador Óscar Flores Tapia (1975-1981) es recordado en Coahuila por sus obras de infraestructura, pero también por un escándalo de corrupción. Fue desaforado poco antes de terminar su mandato y fue investigado por la Procuraduría General de la República debido a su enriquecimiento inexplicable (para sus seguidores, fue un perseguido político de José López Portillo). Al igual que Flores Tapia, Humberto Moreira será recordado por sus obras y programas, pero también por un escándalo: el de la deuda, más lo que falte. Los próximos meses serán clave para el hoy gobernador con licencia de Coahuila. Para muchos analistas políticos, sus días al frente del PRI están contados, mientras que algunos ciudadanos coahuilenses y rivales políticos quieren que sea procesado, tal y como aconteció con su colega, pues las cuentas entre inversión y deuda simplemente no cuadran.

sábado, enero 02, 2016

Aguascalientes - Boston o Saltillo - Pittsburgh sin escalas

Artículo Localeando, 2 de enero de 2016
Jaime Villasana Dávila

¿Imagine que hay un vuelo sin escalas de Aguascalientes a Boston o de Saltillo a Pittsburgh? ¿Qué me dice otro de Guadalajara a Minneapolis o de Mérida a Portland, ambos sin escalas? ¿Qué tal un Acapulco a Hawaii o Veracruz a Anchorage, también sin escalas?

¿Destino en EE.UU.? A donde quiera el cliente.
Hoy por hoy estos vuelos son impensables pues el acuerdo de aviación vigente entre México y EE.UU. los prohíbe o bien los dificulta, pues restringe las ciudades y el número de aerolíneas que de ambos países pueden volar. Ello se debe a un acuerdo signado entre ambos en los 60s y que fue actualizado en 2005.

Pero el escenario de la aviación comercial y de carga entre México y EE.UU está a punto de cambiar. El viernes 18 de diciembre se firmó en Washington DC un nuevo acuerdo  que permitirá que cualquier aerolínea de ambos países pueda volar sin restricción burocrática y de manera directa a los destinos que comercialmente le sean viables, siempre y cuando dicho destino tenga un aeropuerto capaz de recibir vuelos comerciales.

Lo único que falta es la ratificación del Senado mexicano cuando regrese a sesionar en febrero próximo. El Senado estadounidense no requiere ratificarlo.

El cambio que éste acuerdo traerá a la industria de la aviación será tan grande como el que trajo el TLC a las industrias manufactureras y comerciales. Habrá un mayor número de vuelos y opciones de aerolíneas en las actuales rutas y otras nuevas se generarán.

Lo anterior conllevará a una disminución en el costo de los vuelos inter-países pues habrá más competencia. Es posible que nuevas aerolíneas regionales nazcan para atender nichos de mercado que a las grandes no les interesa. Aeropuertos regionales podrán contar con un vuelo internacional si la demanda lo justifica.

En el aspecto turístico también habrá un alto impacto y miles de nuevos pasajeros de ciudades diversas se sumarán a los que hoy ya viajan. Los servicios relacionados a la aviación (comidas, combustibles, transporte terrestre, comercio) se verán igualmente beneficiados.

Esta mayor interacción entre países a través de viajeros ayuda a reforzar lazos familiares, comerciales y culturales. Hoy hay millones de estadounidenses que quisieran venir a México a disfrutar sus playas y ciudades coloniales, pero no lo hacen por que volar implica todo un día de vuelos debido a conexiones infinitas.


En los últimos 25 años la integración entre México y EE.UU. ha avanzado a pasos agigantados. La familia, el comercio, la industria, las telecomunicaciones, la cultura, ahora la energía y pronto la aviación, han servido de puentes de unidad que ni siquiera el fortalecimiento del discurso anti-inmigrante en la campaña presidencial estadounidenses puede destruirlos.